Fuente: Últimas Noticias

  

La decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de expulsar a los diplomáticos venezolanos unida al inmediato reconocimiento de los representantes del autoproclamado Juan Guaidó, se inscribe en la estrategia orientada a extraerle provechos mutuos a la deuda que, por 1.250 millones de dólares, mantiene el país centroamericano con Pdvsa, de acuerdo a un informe interno de la estatal petrolera al que tuvo acceso Últimas Noticias.

 

Como ya es costumbre de los gobiernos identificados ideológicamente con Guaidó y que están endeudados o son acreedores con Venezuela, Bukele adoptó la estrategia de hacer tratativas con el diputado, quien ha mostrado indulgencia por interés de su partido y allegados al momento de negociar con los deudores y acreedores de Venezuela. Basta mencionar la ilegítima apropiación de Citgo y el maniobrado pago del Bono 2020 de PDVSA.

 

En el caso de El Salvador, el Informe del Comisario de PDVSA 2018 identifica el caso de Alba Petróleos de El Salvador, ALBAPES, como “una situación internacional en la cual sujetos inescrupulosos del referido país, tergiversaron los humanistas propósitos del acuerdo estratégico de PETROCARIBE de financiar parte de la factura petrolera, asociada a los crudo suministrados por la República Bolivariana de Venezuela, haciendo uso indebido de los términos del acuerdo para la correcta asignación de fondos a proyectos idóneos dirigidos al desarrollo de actividades productivas que asimismo permitieran compensar el pago de la deuda”.

 

Como antecedente inmediato, el Informe alude la denuncia sobre hechos irregulares realizada por los funcionarios venezolanos William Moreno y Modesto Vera, quienes hasta tiempos recientes se desempeñaron como Gerente General y Gerente de Finanzas, respectivamente, de la empresa ALBAPES y previo a esas designaciones ocupaban importantes posiciones gerenciales en PDVSA.

 

“Los funcionarios informaron de una serie de irregularidades que han estado ocurriendo en ALBAPES, desde hace algún tiempo, que ponen en riesgo la participación del Estado venezolano en dicha empresa y revelan las pocas probabilidades de cobro de alrededor de 1.250 millones de dólares, que adeuda esa empresa mixta a Pdvsa por concepto de suministro de combustibles, en el marco del acuerdo de PETROCARIBE”.

 

A partir de las correspondencias con Moreno y Vera, el Informe alerta de una clara estrategia de parte de los representantes gubernamentales de El Salvador en ALBAPES, a saber:

 

a) Eliminan el control ejercido por el personal venezolano, en materia financiera, específicamente en el manejo de las cuentas bancarias y en materia de deterioro de las cuentas por cobrar.

 

b) Uso discrecional por parte del socio salvadoreño sobre los recursos financieros que se mantienen en el flujo de caja, con el agravante de los hechos comprobados en el pasado por los auditores y cometidos por el personal que ha estado ocupando cargos tales como el de Asesor Mayor, Vicepresidente, Sub gerente y Contador

 

. c) Gestionaron el financiamiento de préstamos a través del Banco de Fomento Agropecuario por el orden de 9 millones de dólares, sin la debida aprobación de la Junta Directiva, así como la suscripción de contratos de publicidad y de servicios de mercadotecnia en apoyo a la campaña electoral por el orden 5 millones de dólares.

 

d) Continúan aplicando medidas de despido al personal salvadoreño institucionalista que apoyó la gestión del Gerente General y del Gerente de Finanzas, William Moreno y Modesto Vera, respectivamente, y de funcionarios de PDVSA de nacionalidad venezolana.

 

e) Al aplicar estas medidas, el manejo de la información a suministrar al Comité de Cobranzas, estaría en manos de personas que podrían sesgar u obstaculizar la reconstrucción de los hechos irregulares perpetrados con motivo de la entrega de préstamos, en su mayoría sin una garantía real.

 

f) Motivar el Contrato de Comercio Justo para el suministro de Kits Médicos, por más 30 millones de dólares con empresas cuestionadas y relacionadas con el socio salvadoreño.

 

g) Detienen y obstaculizan las acciones de cobro del naciente Comité de Cobranzas, sobre los préstamos cedidos a Compañías relacionadas.

 

h) Aceptan la recepción de activos en dación de pago, por encima de su valor razonable de mercado, generando mayores pérdidas a la empresa y contraviniendo de esta manera, lo expresado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).