Fuente: Gestión
La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) advirtió que la informalidad e ilegalidad del mercado del GLP supera el 40%, lo que generaría grave riesgo para ocho millones de hogares que lo consumen y pérdidas para el Estado por evasión fiscal y para las empresas envasadoras y distribuidoras por competencia desleal.
El Presidente de la SPGL, Fernando Cabada denunció que las empresas informales estarían utilizando el 30% de los balones de gas de 10 kilos pertenecientes a otras compañías, los que superan las 3.3 millones de unidades, sin haber invertido nada en su adquisición ni asumir la responsabilidad por su comercialización o estado de conservación.
Afirmó que la falta de fiscalización por parte del Estado es lo que habría propiciado la informalidad en la cadena comercial de dicho combustible y que tal situación sería un factor que impide que el precio del balón de gas propano pueda reducirse.
No obstante, indicó que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), ha generado un efecto positivo evitando la volatilidad de los precios, sin lo cual el balón de gas hubiera podido costar hasta siete soles más, perjudicando a los consumidores.
"Gracias al Fondo el precio del balón de gas licuado no llegó a comercializarse por encima de los 50 soles, cuando se dispara el precio internacional de dicho combustible", puntualizó.
Sin embargo, observó que la diferencia de precios existente entre el gas licuado envasado y a granel, alentaría el contrabando interno generando un grave perjuicio al fisco, como consecuencia de la falta de una adecuada fiscalización en el FEPC.
Por su parte, el Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, reclamó que la industria del gas licuado atraviesa una grave crisis económica producto de la creciente informalidad e ilegalidad, lo que también afecta a los ocho millones de hogares que consumen GLP para cocinar o calentar el agua.
En tal sentido, planteó la incorporación del gas a granel en el FEPC, para eliminar el contrabando interno, y aprobar las reformas que permitan eliminar prácticas ilegales o informales y extender el sistema de percepciones (retención tributaria) en toda la cadena de comercialización, especialmente en las plantas envasadoras, que además deberían operar con facturación electrónica.
Del mismo modo, propuso incrementar la fiscalización de la Sunat para reducir la evasión tributaria, especialmente del IGV e Impuesto a la Renta, y de la Sunafil, para eliminar la informalidad laboral en la cadena de ese combustible.