Fuente: Gestión

   

Esta brecha continúa pese al importante esfuerzo público realizado en los últimos años para cerrarla. Así, durante el período 2006-2016 la cobertura de electrificación rural en viviendas casi se duplicó, al pasar de 40% a 79%. Un aspecto clave para lograrlo fue la asignación de recursos para la electrificación rural en la Ley General de Electrificación Rural emitida en el 2006.

 

Sin embargo, estadísticas del Banco Mundial al año 2014 muestran que el Perú está en desventaja en cuanto a acceso a electrificación rural en Latinoamérica, pues se ubica en el tercio inferior de 18 países analizados. Chile, Puerto Rico y Jamaica ya alcanzaron la cobertura universal, mientras que el Perú, con un acceso de 75% a electrificación rural, solo superaba a Bolivia, Panamá y Nicaragua. Peor aún, viendo los resultados en retrospectiva, en el 2014 recién alcanzó el nivel de cobertura que otros países ya habían logrado a mediados de la década de 1990.

 

Los objetivos mundiales al 2030 planteados por las Naciones Unidas han considerado de manera específica al acceso a electrificación. Así, la  primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 propone “garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”. Hacia ello debe apuntar el Perú y para un horizonte de tiempo más corto.

 

Para lograrlo, el Gobierno deberá desarrollar una estrategia que considere que la estructura de costos de brindar atención a la población dispersa es cada vez mayor. Además, deberá asegurar el desarrollo institucional que permita la sostenibilidad de la gestión comercial. En la medida que el país enfrente con éxito estos desafíos, la población rural podrá acceder a energía eléctrica en sus hogares para que los niños puedan estudiar más horas al día, los adultos puedan incorporar algunos elementos de la modernidad, y los procesos productivos se puedan optimizar.