FUENTE: LOS TIEMPOS
El fiscal Olvis Égüez, que dirige la comisión que investiga el caso, informó a Los Tiempos que un técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) acompañará a los investigadores para conseguir datos pormenorizados respecto a los componentes de las aeronaves que permanecen en los hangares de mantenimiento de la FAB de Cochabamba en calidad de secuestrados desde el 7 de diciembre de 2016.
“Nosotros tenemos previsto, en los próximos días, señalar audiencia y trasladar una comisión de fiscales hasta Cochabamba donde están los aviones secuestrados y proceder al inventario con los técnicos, ya que ellos conocen los nombres y demás características de cada pieza”, explicó. Agregó que esta comisión en pleno determinará los estudios posteriores a realizar con la información obtenida en el inventario. Señaló que la medida cautelar de secuestro, en la que se encuentran los dos aviones, está orientada a obtener una cadena de custodia de todos los elementos probatorios dentro de la etapa preparatoria de la investigación “con la finalidad de hacer algún tipo de estudio pericial”.
Por su parte, el abogado de LaMia, Néstor Higa, en un breve contacto telefónico con este medio, dijo desconocer el procedimiento que tomará el Ministerio Público en relación a los aviones de la aerolínea e indicó que el proceso está parado.
Este medio intentó ingresar a los hangares de la FAB, pero las autoridades locales señalaron que la información es restringida. También se intentó acceder a una versión de la FAB a través del área de Comunicación, pero señalaron, desde esa instancia, que sólo la fiscalía puede brindar mayor información sobre el estado de las dos aeronaves. Sin embargo, desde las rejas de los ambientes de la FAB se observó que ambas aeronaves no están estacionadas en la pista donde inicialmente se encontraban. Durante el acto de secuestro de las aeronaves, el entonces gerente general de Servicios de Mantenimiento de la FAB, Jaime Soria, informó que el avión con matrícula CP2997 se encuentra desde 2014 en esos ambientes tras una solicitud de servicios de mantenimiento tipo C por parte de la empresa LaMia.
Afirmó que permanecen en el lugar con una deuda de 98 mil bolivianos aproximadamente por uso de plataforma. Respecto a la segunda aeronave con matrícula CP2998, sostuvo que ingresó también en 2014 con la misma solicitud de mantenimiento que la primera, pero que, a pesar de que los trabajos concluyeron, la empresa no pudo retirarlo por un daño en el tren delantero y una deuda aproximada de 400 mil bolivianos por el servicio. Soria aclaró que todos los detalles de mantenimiento posteriormente son certificados por la DGAC para obtener un certificado de aeronavegabilidad.
SOBRE PEREYRA El fiscal Olvis Égüez aseguró que de momento no se tiene nada en relación a la supuesta orden de captura nacional e internacional en contra del general de la FAB, Virgilio Pereyra, exdirector de la DGAC que fue señalado como el responsable de otorgar el certificado de operador aéreo a LaMia en tiempo récord. El fiscal dijo que Pereyra forma parte de una nueva comisión que investiga el caso —junto a los fiscales anticorrupción Fanny Alfaro y Mabel Andrade— y que todo el desarrollo de la investigación se hará conocer en su debido momento.
El fiscal Olvis Égüez, que dirige la comisión que investiga el caso, informó a Los Tiempos que un técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) acompañará a los investigadores para conseguir datos pormenorizados respecto a los componentes de las aeronaves que permanecen en los hangares de mantenimiento de la FAB de Cochabamba en calidad de secuestrados desde el 7 de diciembre de 2016.
“Nosotros tenemos previsto, en los próximos días, señalar audiencia y trasladar una comisión de fiscales hasta Cochabamba donde están los aviones secuestrados y proceder al inventario con los técnicos, ya que ellos conocen los nombres y demás características de cada pieza”, explicó. Agregó que esta comisión en pleno determinará los estudios posteriores a realizar con la información obtenida en el inventario. Señaló que la medida cautelar de secuestro, en la que se encuentran los dos aviones, está orientada a obtener una cadena de custodia de todos los elementos probatorios dentro de la etapa preparatoria de la investigación “con la finalidad de hacer algún tipo de estudio pericial”.
Por su parte, el abogado de LaMia, Néstor Higa, en un breve contacto telefónico con este medio, dijo desconocer el procedimiento que tomará el Ministerio Público en relación a los aviones de la aerolínea e indicó que el proceso está parado.
Este medio intentó ingresar a los hangares de la FAB, pero las autoridades locales señalaron que la información es restringida. También se intentó acceder a una versión de la FAB a través del área de Comunicación, pero señalaron, desde esa instancia, que sólo la fiscalía puede brindar mayor información sobre el estado de las dos aeronaves. Sin embargo, desde las rejas de los ambientes de la FAB se observó que ambas aeronaves no están estacionadas en la pista donde inicialmente se encontraban. Durante el acto de secuestro de las aeronaves, el entonces gerente general de Servicios de Mantenimiento de la FAB, Jaime Soria, informó que el avión con matrícula CP2997 se encuentra desde 2014 en esos ambientes tras una solicitud de servicios de mantenimiento tipo C por parte de la empresa LaMia.
Afirmó que permanecen en el lugar con una deuda de 98 mil bolivianos aproximadamente por uso de plataforma. Respecto a la segunda aeronave con matrícula CP2998, sostuvo que ingresó también en 2014 con la misma solicitud de mantenimiento que la primera, pero que, a pesar de que los trabajos concluyeron, la empresa no pudo retirarlo por un daño en el tren delantero y una deuda aproximada de 400 mil bolivianos por el servicio. Soria aclaró que todos los detalles de mantenimiento posteriormente son certificados por la DGAC para obtener un certificado de aeronavegabilidad.
SOBRE PEREYRA El fiscal Olvis Égüez aseguró que de momento no se tiene nada en relación a la supuesta orden de captura nacional e internacional en contra del general de la FAB, Virgilio Pereyra, exdirector de la DGAC que fue señalado como el responsable de otorgar el certificado de operador aéreo a LaMia en tiempo récord. El fiscal dijo que Pereyra forma parte de una nueva comisión que investiga el caso —junto a los fiscales anticorrupción Fanny Alfaro y Mabel Andrade— y que todo el desarrollo de la investigación se hará conocer en su debido momento.