Por más de $12.000 millones, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal en contra de dos directivos en su momento de BIOENERGY S.A., empresa filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, y la firma TIPIEL S.A, que suscribió contratos con BIOENERGY para realizar actividades que previamente habían dado como recibidas a satisfacción a ISOLUX, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta).
