La actual Ley 3058, vigente desde 2005, debe ser actualizada para que el sector hidrocarburífero pueda reactivarse.

El mandatario aseguró que se identificó una red de corrupción que enriqueció a unos cuantos, mientras provocaba la crisis que atraviesa el país.

La investigada empresa en Bolivia por un presunto millonario sobreprecio en la importación de combustibles, aporta 20.062 millones de guaraníes al servicio de impuestos del país vecino.

Los apoyos económicos a la seguridad alimentaria y potenciar el área rural, superaron los 5.000 millones de bolivianos desde hace más de 20 años, a la fecha se desconocen los resultados de esa inversión.

Una vez cumplida la etapa de estabilización de precios y normal suministro de combustibles, el Gobierno perfila para el mes de marzo de 2026 una reforma normativa estructural en los sectores de hidrocarburos y el agro, anunció el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

El tramo afectado en el Oleoducto Santa Cruz-Samaipata (OSSA-I) en la progresiva 84+121, próximo al río Cuevas, fue reparado, informó YPFB Transporte S.A., empresa subsidiaria de YPFB Corporación. Asimismo, sostiene que controlaron la fuga de Gas Licuado del Petróleo (GLP).

Un proyecto de decreto supremo filtrado en grupos internos de WhatsApp de los trabajadores de YPFB y ENDE encendió las alarmas sindicales al revelar una intención de trasladar a los obreros del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. La medida implicaría la pérdida de beneficios sociales, la restricción del derecho a la sindicalización y el debilitamiento de las estructuras gremiales en el sector energético y petrolero.

“Las tareas de control de la fuga de gas licuado concluyeron el día jueves 19 de noviembre a las 17:45 Hrs., posteriormente la reparación del oleoducto OSSA 1 finalizo a las 04:00 Hrs. del día viernes (sic)”, se lee en un comunicado.

Solo entre 2024 y 2025 el valor de importaciones de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas creció 226%, alentado por la escasez de combustibles en Bolivia, la guerra de precios en Asia y el avance de fabricantes chinos en calidad y tecnología

El proyecto de decreto busca trasladar a los trabajadores del sector energético público del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027 de Estatuto del Funcionario Público