El caso de Statkraft en Chile —con una inversión de US$230 millones en energía limpia que, tras cuatro años, sigue sin operar pese a estar construida en un 99%— es un reflejo alarmante del colapso institucional que vive el país en materia de tramitación y permisos. En nombre de la protección patrimonial y los derechos de consulta, se ha instalado una permisología excesiva que no está logrando ni proteger mejor ni permitir avanzar.

El Puerto de Açu, en São João da Barra (RJ), planea invertir R$20 mil millones en transición energética durante los próximos cuatro años, según afirma su director ejecutivo.

El Comité de la OPEP+ observa un cumplimiento general, pero exige compensación por desviaciones y planes para el 18 de agosto. Un panel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) reiteró este lunes (28 de julio) la necesidad de que todos los países participantes en el acuerdo de cooperación comiencen a cumplir plenamente con los recortes de producción de petróleo acordados.

El candidato considera que en realidad la postura del Jefe de Estado “es una mascarada” porque “dice eso a la gente mientras se dedica a los negocios de siempre”.

La petrolera estatal aseguró que tiene los volúmenes necesarios de combustible para los servicios municipales.

Los choferes de El Alto anuncian que socializarán en todos los departamentos la oferta. Piden al Gobierno dar paso a la libre importación.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, descartó que Bolivia esté atravesando una crisis de abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) y aseguró que, actualmente, existe un excedente de producción de 130 toneladas métricas por día.

Más de 80 empresas privadas importan actualmente combustibles para consumo propio y comercialización; sin embargo, el volumen que internaron hasta junio representa solo el 3% del total que solicitaron autorización para traer al país, informó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.

La mayoría de las autorizaciones otorgadas por el Gobierno apenas se concreta en volúmenes mínimos, pese a la apertura legal para el ingreso de operadores privados.

Bolivia no puede satisfacer su demanda de energía, lo que ocasiona un impacto negativo en la economía. Expertos coinciden en que dentro de pocos años se tendrá que importar gas a precios internacionales