Informe La Razón develó, en un reportaje publicado el lunes, que en el país se registraron 511 casos de “avasallamientos” a operaciones mineras desde 1997 hasta 2014. De este número, solo 200 fueron demostradas y restituidas, según datos de la estatal Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
INVASIONES. Chorolque indicó que la norma que prepara el Ministerio de Minería “tiene que ver con el tema de invasiones”. “Si no se regulariza la concesión para tener la titularidad en un tiempo determinado, habrán dificultades, (porque el yacimiento) puede ser revertido al Estado y no se podrá tener la potestad del área”, justificó la autoridad.
Con la regularización, añadió, los operadores mineros se formalizarán y serán legales. La autoridad sostuvo que la norma establecerá los requisitos para el procedimiento de adecuación de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) por pertenencias y cuadrículas, parajes mineros, residuos, bocaminas, niveles, escorias, desmontes, pallacos, colas, relaves y similares.
CONTRATOS. La propuesta incluye a los contratos de arrendamiento minero sobre áreas bajo titularidad y administración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) suscritos con cooperativas, contratos sobre las áreas de reserva fiscal y los suscritos con la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) en áreas de reserva fiscal.
Asimismo establece las adecuaciones para actividades aisladas de concentración, beneficio, fundición o refinación de minerales y metales así como las de comercialización y las áreas sujetas a contratos de arrendamiento o riesgo compartido.
En el caso de las “adecuaciones aisladas” se encuentran los comercializadores e ingenios, cuyo fin será el de controlar la producción y comercialización de minerales. Chorolque espera que la norma de adecuación esté culminada hasta fin de año para que luego sea socializada con los sectores involucrados con las operaciones mineras.