Fuente: La Hora

  

Desde mayo de 2017 hasta la fecha, el Gobierno ha revocado 2.939 derechos mineros. En el semestre de 2019, la cifra asciende a alrededor de 200. Estos derechos no solo incluyen concesiones para explotación de minas y yacimientos, sino también pequeña minería, libre aprovechamiento, plantas de beneficio y licencias de comercialización.

 

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, explicó que de más de 2.900 derechos revocados, 949 ya estaban inscritos; es decir, ya había terminado el proceso y podían comenzar a realizar operaciones. Los restantes 1.990 estaban en trámite.

 

“En el caso de los que estaban inscritos tenían inconsistencias en la documentación, en fechas y habilitantes. Por ejemplo, había casos de habilitantes emitidos en enero para proyectos adjudicados en noviembre. Todas las revocatorias coinciden en que hubo corrupción. En el anterior Gobierno se ferió el sector. Hicieron una cuadrícula para repartir las concesiones”, explicó.

 

En este sentido, el funcionario recalcó que todas las acciones tomadas buscan la transparencia y que se cumpla la Ley y los requisitos para poder operar en el sector minero. “La política pública minera se ha hecho con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM)”, añadió Benalcázar.

 

Permiso de uso de agua

 

Según el artículo 26 de la Ley, cualquier actividad minera requiere dos permisos. El primero, dependiendo del tamaño o nivel del proyecto, es la licencia o el registro ambiental. El segundo es el permiso de uso de agua, emitido por la Secretaría del Agua (Senagua).

 

Con este último permiso, según Benalcázar, persisten problemas debido a la demora excesiva en los procesos. “Las empresas, como inversionistas, están frustradas. Tenemos procesos que van demorando de dos a tres años sin otorgar un permiso”, puntualizó el funcionario.

 

Por ejemplo, Ecuacorriente, concesionaria china del proyecto Mirador, está condicionada a la entrega del último tramo de las regalías anticipadas, por valor de 15 millones de dólares, a que se agilice la entrega de un permiso de uso de agua, que está pendiente desde hace tres años.

 

Regalías no son único beneficio

 

Ante las críticas sobre que el Estado, en el caso del proyecto Mirador, solo recibiría las regalías del 6% de los volúmenes explotados, Benalcázar aclaró que en el capítulo 8 del contrato está claramente establecido que el 52% de los beneficios son el país; y el 48% para la empresa china.

 

“Así lo dice el contrato. Las regalías son solo una parte de los beneficios, que incluyen el 22% de impuesto a la renta, Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), IVA y utilidades a los trabajadores”, concluyó.