ANF / La Paz

 

El Ministerio Público, en el documento de imputación contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá,  sostiene que el investigado conoció todo el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros e incluso supuestamente "forzó” la firma del contrato con la firma.

 

Según ese documento, el extitular de la petrolera estatal  tenía pleno conocimiento de todo el avance del proceso de contratación, incluyendo las enmiendas realizadas por la Unidad Jurídica, Técnica y Administrativa, "pues la unidad de seguimiento de inversiones recopilaba información periódica de este proceso de inversión, la misma que era puesta a conocimiento de esta exautoridad”, precisa.

 

Además debe tomarse en cuenta que llamaba a reuniones con los vicepresidentes y gerentes corporativos cada 15 días o cada mes, y en esos encuentros se informaba del avance de todos los proyectos de inversión.

 

Como consecuencia, Drillmec se adjudicó la compra de taladros por  148,8 millones de dólares, firmado en representación de YPFB por el ingeniero Patricio Sosa por delegación de funciones  de Achá y suscrito por parte de esa empresa italiana por Diego Bergonzi.

 

Luego, la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB hizo conocer a Achá observaciones e irregularidades. "A raíz de estas observaciones y denuncias, YPFB a la cabeza del expresidente Guillermo Achá y por intermedio de Sosa decidió suspender el contrato con Drillmec, primeramente por 30 días y posteriormente ampliar el plazo a 60 días adicionales, para que al final sea el mismo (Achá) quien ordene a la Gerencia Legal Corporativa de YPFB proceder a la recisión de contrato”, asegura la Fiscalía.

 

Por eso es que -según esa misma documentación- "dentro de este proceso de contratación se tiene que Achá Morales ha cumplido funciones como presidente ejecutivo de YPFB desde el inicio del proceso de contratación hasta la nota de resolución del contrato, habiendo tenido participación activa de manera directa a través de su personal de confianza para que  Drillmec pueda verse beneficiada”.

 

 Supuestamente, ese personal de confianza  estaba constituido por Carmen Lola Tellería, exgerente Legal Corporativa de YPFB Andina, y también por David Pérez Alba, exgerente de Perforación Corporativa.   La  imputación sostiene que por mandato de Achá, la abogada Lola Tellería tenía conocimiento de todo el proceso de contratación sin ser parte del comité de licitación.

 

Es así que la Fiscalía   entiende que Achá tenía conocimiento del proceso de contratación "paso a paso” por vía  de esa abogada.

 

Además, según el mismo documento, "la influencia  se encuentra debidamente materializada el momento en que Achá ordenó a  David Pérez Alba disponer la orden de proceder, asumir acciones para que la Gerencia Legal Corporativa y Gerencia de Perforaciones emitan un contra informe para forzar que el proceso de contratación sea materializado”.