Desde este jueves, expresidentes y líderes políticos comenzarán a desfilar ante el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien investiga el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht en la licitación del Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
Fuente: La República‎
   
El primero en declarar ante el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción será Alan García. El fiscal tomará su declaración el jueves desde las 9:00 am. El líder aprista, sin embargo, señaló el miércoles pasado que la firma del contrato se firmó en el gobierno de Ollanta Humala.
 
Durante esta misma audiencia del jueves 16, el magistrado Abia tomará el testimonio precisamente del expresidente humalista. Esto, mientras el Ministerio Público todavía no define el pedido de la Procuraduría Anticorrupción de pasar a la condición de investigado al exmandatario.
 
 Reynaldo Abia reanudará las diligencias el lunes 20, por la mañana, cuando Keiko Fujimori acuda a la sede de la Fiscalía para rendir su declaración por el caso. Todos ellos deberán presentarse ante el magistrado de “forma obligatoria y con abogado defensor”, bajo apercibimiento.
 
Pedro Pablo Kuczynski también deberá acudir a la Fiscalía, sin embargo, la fecha de su cita aún no está confirmada. En un primer momento está programada para el 23. El Ministerio Público coordina la hora y fecha con el presidente de la República, dado el cargo que este desempeña y la agenda que ello supone.
 
 Los cuatro deberán responder sobre las reuniones sostenidas con Jorge Barata, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, y las presuntas irregularidades que ocurrieron en la adjudicación de la megaobra. Los congresistas que promovieron proyectos de Ley sobre dichas obras y los exministros de Estado durante todo el proceso de evaluación del proyecto también serán citados.
 
 Nadine Heredia, Jorge Barata y otros 11 implicados son investigados por delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Se busca establecer si funcionarios concertaron con particulares a fin de defraudar al Estado en el marco del megaproyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.