Fuente: La Hora

   

En el Municipio de Latacunga y en la Prefectura de Cotopaxi incluso se plantea iniciar una veeduría ciudadana para exigir el cambio de ruta o, caso contrario, las indemnizaciones correspondientes para la provincia.

 

Vladimir Ortiz, director de la Unidad de Ambiente del Gobierno Provincial de Cotopaxi, destacó que la instalación de las torres y el cableado son temas que preocupan, porque el turista llega al Parque Nacional Cotopaxi para observar el paisaje y ese tipo de estructuras. Agregó que ese y otros aspectos debieron socializarse en Cotopaxi antes de que se otorgara la licencia ambiental. Agregó que tampoco se sabe nada de la compensación que entregará el Gobierno Nacional.

 

Trabajos sin permisos

 

El alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez, recordó que el permiso de uso de suelo lo debe emitir el Cabildo y que el Cotopaxi están dentro de la suscripción de Latacunga y que nunca se conoció este proyecto para emitir los permisos correspondientes.

 

Añadió que en muchas obras públicas no se ha pedido el permiso. “Hasta ahora el centro de rehabilitación no cuenta con los permisos de uso de suelo ni se han hecho aprobar los planos para la construcción del hospital general”, dijo al señalar que “hay que respetar la Ley”.

 

Anunció que emitirá un oficio para pedir explicaciones al Gobierno Nacional ya que las torres están ubicadas en zona de lahares.

 

Diego Avendaño, director provincial del MAE, manifestó que el área específica afectada esta fuera del Parque Nacional Cotopaxi (PNC) y que la licencia ambiental se emitió porque se estima que no existe afectación mayor al parque.

 

Veeduría

 

La viceprefecta de Cotopaxi, Silvia Bravo dijo que existe un rechazo a la instalación de esta red eléctrica y anunció que se conformará una veeduría ciudadana para este proyecto.

 

Patricio Chacón, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi, manifestó que este gremio tampoco conoció nada de este proyecto que, según dijo, afecta visualmente al sector El Pedregal.

 

Miguel Sansur, del colectivo Foro Latacunga, destacó que el Cotopaxi es uno de los tesoros turísticos más importantes del país y debería tener un tratamiento especial. Agregó que la administración de este lugar se la debería entregar a Cotopaxi.

 

Para Javier Zapata, presidente de la Asamblea local ciudadana de Saquisilí, la participación ciudadana solo es letra muerta porque nunca se toma en cuenta a la gente.

 

Impacto en Tisaleo

 

Los moradores de la comunidad del Chilco-La Esperanza, del cantón Tisaleo (Tungurahua), también manifiestan su preocupación por las torres que ya se colocaron en los terrenos de los comuneros.

 

Con varios metros de alto, estas estructuras se divisan a simple vista en el paisaje de la comunidad, así como también la subestación Inga-Tisaleo, que transportará energía desde la megacentral hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

 

Herminia Labre, agricultora del sector, aseguró que las obras no fueron debidamente socializadas por las autoridades.

 

“No sabemos cómo nos va a afectar”, manifestó la campesina al indicar que el tendido de la red atravesará varias propiedades, incluso las rutas turísticas por donde ascienden al Carihuairazo.

 

Nelson Guananga fue más allá y dijo que el proyecto ha sembrado la discordia entre los comuneros. “Los dirigentes de la comunidad son los únicos beneficiados, puesto que consiguieron trabajar en la obra a cambio de permitir este proyecto sin socializar”, aseguró.

 

Con nostalgia, el agricultor Luis Poaquiza dijo que esta obra cambiará los bellos paisajes de la comunidad Chilco-La Esperanza.

 

José Naranjo es presidente del cabildo de la comunidad y también es el guardia de seguridad de la subestación, él aseguró que en sus inicios el proyecto sí fue socializado y no se explica por qué la gente se deja llevar por los “mitos sobre las afectaciones”.

 

Mario González, jefe de fiscalización de la subestación Inga-Tisaleo, aseguró que fue él mismo quien dirigió la socialización con toda la comunidad hace ya más de tres años.