El proceso fue seguido de cerca por las empresas, en especial extranjeras. La clave está en la estabilidad regulatoria.
Si bien figuras de peso del sector energético, como el CEO de Vista, Miguel Galuccio, negaron en los últimos días que el resultado electoral afecte los desarrollos de Vaca Muerta, la realidad es que el escrutinio fue seguido de cerca por todas las casas matrices, ya que además de la volatilidad que genera un comicio de medio término, para las empresas lo más fuerte en pugna era otra cosa: la estabilidad regulatoria. Desde las grandes jugadoras del sector, como es YPF, su CEO Horacio Marín, suele repetir que los proyectos energéticos en general y de Vaca Muerta en particular, son “de largo plazo”, indicando así que no dependen netamente de un resultado electoral.

Pero los grandes proyectos en marcha que hoy ponen a Vaca Muerta y a la energía argentina en el escenario mundial, como son la exportación de gas natural licuado (GNL) y el puerto petrolero rionegrino VMOS, sí dependen de un factor local, y es del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de beneficios fiscales y regulatorios de 30 años.

Si bien el RIGI es una ley, los antecedentes argentinos de contramarchas e incumplimientos no son pocos y eso es lo que, más allá de la cotización del dólar, se siguió en las casas centrales de las petroleras extranjeras. Y es que, si bien la volatilidad no deja de ser una preocupación, las reglas de juego desde lo normativo son el factor de cambio, en especial atendiendo a que hoy ya no alcanza con el financiamiento nacional para materializar proyectos como el de GNL que está estimado en 85.000 millones de dólares que difícilmente podrían concretarse en un contexto, por ejemplo, de cepo cambiario.

El impacto del triunfo en la política energética nacional Pero no todo en el sector energético gira en torno a las exportaciones y es allí en donde el triunfo del partido del presidente Javier Milei encuentra un respaldo legislativo para avanzar hacia más cambios.

En la hoja de ruta está la privatización de Nucleoeléctrica, empresa que controla las centrales nucleares, y, con un impacto más directo en los hogares, la continuidad de la quita de subsidios y con ellas el aumento de tarifas de energía eléctrica y gas natural. Un nuevo paso de la motosierra por los subsidios está previsto en el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el gobierno y que ahora contará con un mayor peso del oficialismo en el Congreso.

Una hoja de ruta en la que también se cuenta la definición de la licitación para el control de las represas hidroeléctricas de la región, que debía definirse la semana pasada pero, al calor electoral, se pospuso hasta inicios del mes que viene.

Fuente: Río Negro