Esta medida marca un hito en la consolidación del marco regulatorio de la electromovilidad en el país y refuerza su estrategia hacia una economía circular. «Estamos trabajando en una reglamentación que fomente el reuso, la revalorización y una disposición adecuada de estos residuos», explica Ortuño, quien detalla además que este decreto será parte de una línea de trabajo que abarcará todo el quinquenio.

Segunda transición energética en marcha Uruguay ha sido reconocido internacionalmente por su liderazgo en la primera transición energética, alcanzando una matriz eléctrica con un 97% de generación renovable. Ahora, el foco está en una segunda transición, orientada a la descarbonización del transporte mediante electromovilidad y nuevos vectores como el hidrógeno verde.

Edgardo Ortuño Ambiente Uruguay Edgardo Ortuño, Ministro de Ambiente de Uruguay. En este nuevo ciclo, la gestión ambiental de las tecnologías asociadas a la electromovilidad cobra protagonismo, especialmente el tratamiento de las baterías de litio.

«El desafío no es solo introducir tecnologías limpias, sino garantizar que todo su ciclo de vida sea sostenible», señala el ministro. Vida útil extendida: revalorización y segundo uso Los lineamientos que el Ministerio de Ambiente está desarrollando contemplan un aspecto clave: la revalorización de baterías luego de su primera vida útil en vehículos eléctricos.

Tal como informó Mobility Portal Latinoamérica, el país ya se encuentra impulsando investigaciones para darles una “segunda vida” como sistemas de almacenamiento energético estacionario. Esta reutilización puede ser clave para reducir costos en sectores como la industria, la agricultura o la energía distribuida.

Las baterías de los vehículos eléctricos ofrecen una amplia gama de usos en su segunda vida. La segunda vida de las baterías puede reportar múltiples beneficios. En esa línea, Ortuño destaca el rol de investigadores y científicos uruguayos en el diseño de alternativas de valorización.

«Tenemos capacidades técnicas y científicas que pueden potenciar soluciones propias en este campo. La normativa debe promover eso», enfatiza. La meta: articular lo público y lo privado La futura norma no será un instrumento aislado.

Según el ministro, se articulará con incentivos económicos y proyectos de inversión privada, integrando la estrategia nacional con iniciativas que promuevan el reciclaje, la economía circular y la generación de empleo verde. De hecho, en la actualidad existen emprendimientos privados que están analizando la factibilidad de montar plantas para el procesamiento de baterías usadas, con foco en reutilización de materiales como el litio, el cobalto y el níquel.

El Estado, por su parte, se compromete a establecer las condiciones regulatorias para viabilizar y escalar esas iniciativas. “El objetivo es que esta política se convierta en una política de Estado, que perdure más allá de esta administración”, sostiene Ortuño.

Uruguay cuenta con una base sólida para el desarrollo de políticas de movilidad sostenible, como la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible y los lineamientos del Proyecto MOVÉS. La futura norma sobre baterías de litio se insertará dentro de ese entramado interinstitucional liderado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y actores como UTE y URSEA.

Además, se reconoce la necesidad de capacitar a gobiernos departamentales y operadores logísticos en torno a la manipulación segura, trazabilidad y disposición final de baterías, según se detalla en la Guía de Movilidad Urbana Eléctrica publicada en 2022.

Regulación con impacto climático y social El Ministerio apunta a que la normativa tenga impacto ambiental, pero también económico y social.

“Queremos una política que favorezca a quienes reciclan, que evite que el litio termine en la basura, pero también que dinamice inversiones en el interior del país y genere empleo de calidad”, afirma Ortuño. En ese marco, el Fondo de Innovación en Energías Renovables (REIF) también podría desempeñar un papel clave. Este instrumento ha demostrado capacidad para financiar proyectos tecnológicos con impacto ambiental positivo, y en su nueva etapa busca apoyar soluciones en electromovilidad y gestión de residuos.

El crecimiento exponencial del parque de vehículos eléctricos en Uruguay hace urgente esta regulación. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), ya circulan más de 10.000 vehículos eléctricos en el país, y solo en 2024 se vendieron cerca de 6.000 unidades. A este ritmo, el volumen de baterías en circulación aumentará rápidamente, por lo que establecer desde ahora mecanismos de trazabilidad, acopio, reutilización y reciclaje será clave para evitar futuros pasivos ambientales.

“El país tiene una oportunidad única de ser pionero en este campo”, concluye Ortuño. La cuenta regresiva hacia la normativa ya está en marcha.

Fuente: Mobility Portal