Tres campañas ciudadanas denunciaron al presidente de la República, Santiago Peña, y al titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, por causar un supuesto grave perjuicio económico al país al acordar la exportación de energía generada en la Central Hidroeléctrica Acaray al mercado brasileño, a un precio muy por debajo de su costo de reposición