Los análisis fueron solicitados por la diputada Adriana Ventura y recibieron amplia cobertura de medios brasileños como Folha de S.Paulo y Click Petróleo e Gás. El documento establece que los gastos fueron incorporados a partir de 2005 mediante una nota reversal, figura diplomática que no posee rango legal para alterar tratados con consecuencias presupuestarias. La nota reversal N.º 228 fue acordada entre los gobiernos de Brasil y Paraguay sin la intervención del Congreso Nacional. Desde entonces, Itaipú asumió la función de ejecutar políticas socioambientales, cuyos costos fueron incorporados como gastos operativos, elevando el precio final de la energía.

Según el estudio, esta incorporación se realizó sin respaldo constitucional. La Constitución brasileña exige que cualquier modificación con impacto económico en un tratado internacional cuente con aprobación de ambas cámaras del Poder Legislativo, hecho que no ocurrió en este caso.

Los montos manejados en el rubro socioambiental son significativos. En 2023, estos gastos ascendieron a USD 840 millones y se proyectan en USD 1.500 millones anuales para 2024 y 2025. La cifra representa más de R$ 6.000 millones, lo que convierte a este componente en un factor clave en el precio de la tarifa eléctrica. En 2022, durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, el gasto en esta área fue de USD 300 millones. Bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, se triplicó. Esta tendencia preocupa a sectores técnicos que esperaban una reducción de tarifas tras la cancelación de la deuda de construcción de la central en 2023. Sin embargo, los costos adicionales impidieron una baja significativa. El precio del megavatio-hora (MWh) de Itaipú se mantiene en USD 246, cuando el cálculo técnico basado en el tratado original lo situaría en USD 114, según el Frente Nacional de Consumidores de Energía.

El impacto económico recae principalmente sobre los brasileños, que consumen el 80% de la energía generada por la binacional. En 2024, Brasil pagó el 80,5% del total, pero sólo recibió el 69,4% de la energía producida. En el primer semestre de 2025, pagó el 78,5% y recibió el 66%, mientras que Paraguay fue beneficiado proporcionalmente.

El informe también recuerda un antecedente legislativo. En 2009, cuando se triplicó el pago a Paraguay por cesión de energía, el acuerdo fue sometido al Congreso brasileño. En ese entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía firmaron el documento, cumpliendo con las exigencias constitucionales. Los técnicos de Conle cuestionan la legalidad de los actuales gastos socioambientales y critican la falta de transparencia en su ejecución. Consideran que estas prácticas desvirtúan la lógica económica del tratado y debilitan la gobernanza de la hidroeléctrica.

A pesar de estas advertencias, los valores continúan en ascenso. La administración actual no ha presentado hasta el momento un proyecto legislativo para convalidar estos montos, ni ha informado de forma clara cómo se distribuyen o ejecutan los recursos. El informe concluye que la inclusión de gastos socioambientales en la tarifa de Itaipú constituye una alteración sustancial del marco legal binacional. El tema queda ahora en manos del Congreso, que podría exigir medidas correctivas o abrir investigaciones sobre el uso de estos fondos.

Fuente: ABC