Hoy 21 de agosto inicia el período de presentación de ofertas formales para participar de la subasta de eólica costa afuera en Colombia. El último viernes el Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió la Resolución 40337 de 2025. La norma puso en marcha este mecanismo.
Por primera vez se usará un esquema de pago por diferencias (PpD) administrado: cada adjudicatario suscribirá un contrato de 15 años en el que se establece un precio base según la tecnología elegida y, si el valor del mercado mayorista se aparta de ese precio, la diferencia la cubre el Estado cuando es negativa o la devuelve el generador cuando es positiva.
Según el Gobierno, este mecanismo proporciona estabilidad financiera a los inversionistas, reduce la volatilidad de las tarifas para los usuarios y diversifica la matriz eléctrica al incorporar tecnologías como la eólica marina y la geotermia.
El gobierno defendió el esquema señalando que es fruto de recomendaciones de organismos internacionales y de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de garantizar precios, la resolución fija requisitos técnicos y financieros diferenciados por tecnología y otorga al adjudicatario ocho años de permiso temporal para evaluar el área y, de ser viable, convertirlo en una concesión de 30 años. La expectativa es adjudicar áreas a finales de 2025 y expedir permisos hasta marzo de 2026.
Este potencial, identificado por el Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) y el Banco Mundial, ha despertado el interés de empresas globales y nacionales que esperan que Colombia logre despegar su primera ronda eólica costa afuera.
Quiénes son los jugadores
La lista de compañías habilitadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) —y ratificada en febrero de 2025— incluye a desarrolladores europeos, asiáticos y a dos actores locales.
BlueFloat Energy, un consorcio español con más de 34 GW en proyectos marinos, encabeza la carrera con el proyecto Vientos Alisios, que ya obtuvo prefactibilidad y una conexión a la red de 200 MW. La empresa ha presentado, además, las iniciativas Barlovento, Astrolabio, Galeón y Bitácora (cada una con 825 MW en estudio) y se asocia con Enerxia para captar inversión extranjera.
Al frente del interés danés se encuentra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Este fondo maneja un portafolio global de 120 GW y firmó un memorando de entendimiento con la gobernación del Atlántico para construir el parque Barranquilla Offshore, un proyecto de 250‑500 MW que pretende ser el primero de su tipo en Latinoamérica. Dos pesos pesados belgas, Jan De Nul y DEME Group, también miran esta región. La primera, que ha instalado más de 3 GW de capacidad marina en Asia y Europa, se postula como constructora de infraestructura eólica y portuaria. Por su parte, DEME, con más de 2.500 turbinas instaladas, se asoció con Celsia para formar el consorcio Deme Celsia Offshore Wind; la eléctrica colombiana aporta su conocimiento del mercado local y su objetivo de sumar 1 GW de renovables para 2025.
El apetito asiático lo representan PowerChina, con más de 30 GW en parques eólicos, busca replicar su experiencia en construcción de puertos y redes de transmisión; y China Three Gorges Corporation, que suma 100 GW instalados, ve una oportunidad para expandir su presencia en América Latina. Completan el listado la británica Dyna Energy, enfocada en mercados emergentes, y Ecopetrol, la petrolera estatal que diversifica su portafolio con energía renovable mediante mecanismos como la autogeneración remota.
Oportunidades y obstáculos vistos desde el sector
Los consultores entrevistados por Energía Estratégica advirtieron que el entusiasmo empresarial convive con dudas profundas sobre la ejecución de la ronda.
La abogada Liza Urbina señaló que los inversores perciben poca seguridad jurídica debido a los cambios frecuentes en el calendario y en los requisitos, y destacó que, a pesar de las inversiones ya realizadas, no se ha adjudicado ningún permiso. Asimismo, consideró que la subasta se ha convertido en “una carrera con más dudas que oferentes” y que sólo recuperará la confianza si el gobierno cumple el cronograma y estabiliza las reglas.
El consultor Alejandro Lucio coincidió en el diagnóstico. Recordó que la línea de transmisión que conectará la eólica de La Guajira al sistema nacional —adjudicada inicialmente para 2022— ahora se espera para 2027, lo que paralizó los proyectos eólicos terrestres y desincentivó a inversores extranjeros.
Lucio enfatizó en que promover la eólica marina sin resolver los cuellos de botella onshore “es ingenuo”; y sostuvo que Colombia no dispone de subsidios para hacer competitiva la tecnología offshore.
Sin embargo, el timing del Gobierno no es un dato menor, teniendo en cuenta que el sector atraviesa un escenario complejo a nivel global, en el que empresas han visto frenadas sus construcciones por decisiones políticas estadounidenses y buscan ampliar sus horizontes a nuevos mercados.
El GWEC Global Wind Report 2025 resume que en 2024 la industria enfrentó alzas de tasas de interés, inflación, presiones en la cadena de suministro, pérdida de confianza de los inversores e incertidumbre política.
Estos factores provocaron retrasos y renegociaciones de contratos en proyectos offshore de Europa y Estados Unidos, y subrayan la necesidad de mecanismos de financiación estables.
A nivel regional, la inestabilidad sociopolítica en América Latina y la fragmentación del comercio mundial han elevado los costos de capital, especialmente en mercados emergentes donde los bancos exigen primas de riesgo mayores.
En esta línea, sitúa a la región como uno de los mercados eólicos de mayor crecimiento en el mundo y proyecta que Brasil, Chile, México, Colombia y Argentina concentrarán el 95% de las nuevas adiciones eólicas durante la segunda mitad de la década.
En este contexto geopolítico, el esquema de pago por diferencias colombiano se plantea como una herramienta para blindar a los proyectos frente a la volatilidad global y captar inversión internacional.
Fuente: Energia Estrategica