El citado Decreto ordenó a la Creg incluir, en la actualización de los marcos tarifarios de los servicios públicos de energía y gas combustible el reconocimiento de los costos asociados al aprovechamiento de biogás proveniente del tratamiento de biomasa residual o de rellenos sanitarios.
Esa actualización ordenada en el citado Decreto se complementa oportunamente con la regulación que la Creg ha expedido recientemente para la autogeneración colectiva, la generación distribuida colectiva, la autogeneración y producción marginal remota.
En tal sentido, observamos un apalancamiento más para la autogeneración en Colombia porque cuando en el año 2023 se crearon las comunidades energéticas en Colombia también se creó el programa “Basura Cero” abriendo espacio a la utilización de gas renovable, lo cual, ahora con el Decreto No. 0670 de 2025 se empieza a volver realidad incrementando la descentralización en la producción de energía eléctrica a través de esquemas como lo es la autogeneración.
Un hito adicional en este camino es la reciente aprobación del Artículo 60 de la nueva Ley de Residuos, que corrige una restricción impuesta por la Ley 2099 de 2021, la cual limitaba los beneficios del régimen Fncer exclusivamente a la generación eléctrica, excluyendo el aprovechamiento térmico del biogás y el biometano. Con esta modificación, estos combustibles renovables pueden acceder a los beneficios tributarios, arancelarios y contables previstos en la Ley 1715 de 2014, lo que amplía las oportunidades de negocio e incentiva el desarrollo de proyectos integrales de bioenergía en el país.
Esta decisión legislativa se alinea de manera coherente con el Programa Basura Cero y con las políticas de economía circular, al promover el aprovechamiento energético del biogás generado en rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de residuos y proyectos agroindustriales. Para agroindustrias, municipios, operadores de servicios públicos y empresas comprometidas con la sostenibilidad, esto representa una gran oportunidad para valorizar sus residuos y convertirlos en energía útil, mientras acceden a beneficios que fortalecen su viabilidad financiera y competitividad.
Adicionalmente, este nuevo marco normativo potencia la posibilidad de estructurar proyectos energéticos en zonas rurales y regiones apartadas del país, donde la disponibilidad de residuos orgánicos y agroindustriales es alta y las oportunidades de conexión a redes tradicionales de energía son limitadas. El biogás y el biometano, en estos contextos, se convierten en soluciones clave para avanzar en la equidad energética, la inclusión social y la reducción de la pobreza energética.
En conjunto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la CREG y el Congreso, mediante estas disposiciones, consolidan un marco normativo que impulsa nuevas fuentes de producción de energía verde y limpia. Esto incrementa de manera significativa las oportunidades de inversión y la participación de nuevos actores en la generación con fuentes no convencionales de energía renovable, destacándose ahora el papel del biogás y el biometano como piezas clave en la transición energética.
Dentro de los beneficios identificados en el Decreto No. 0670 de 2025 destacan la reducción de impactos ambientales, la disminución de riesgos para la salud pública, el impulso a la economía circular, el fomento de tecnologías limpias, la inclusión efectiva de recicladores como actores clave en la cadena de valor, el cierre progresivo de botaderos, la mejora del entorno urbano y rural, y la generación de empleo verde mediante proyectos energéticos sostenibles y replicables.
Para el buen desarrollo de los proyectos, es esencial identificar y cumplir con los pasos exigidos para el registro como promotor de proyectos con gas renovable, así como el registro de los proyectos de bioelectricidad que se desarrollen bajo este marco normativo. Sin dichos registros, los proyectos no podrán acceder a los certificados que les permitan aplicar a los incentivos tributarios ni obtener la asignación de la conexión al Sistema de Distribución Local, Regional o Nacional, lo que hace indispensable un acompañamiento técnico y jurídico especializado durante el proceso de estructuración y formalización de las iniciativas.
La divulgación de estas normativas y la capacitación de los actores involucrados son elementos cruciales para garantizar la implementación exitosa de los proyectos y el aprovechamiento de los beneficios establecidos por la ley.
Fuente: Asuntos Legales