El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, confirmó que “solo quedan procedimientos internos de cada margen de Yacyretá para definir la fecha de la firma, que será en breve”, pero evitó precisar cuándo y por qué no se concretó el acto oficial anunciado con antelación. El pacto fue presentado por las autoridades paraguayas como un avance estratégico sin precedentes: por primera vez, ambas márgenes de la hidroeléctrica pagarían el mismo precio por el megavatio hora (US$ 28), lo que implicaría un alivio financiero sustancial para la entidad y permitiría reactivar obras clave como Aña Cuá.

Sin embargo, el acto de firma previsto para el lunes último no se realizó y, lejos de ofrecer certezas, los voceros oficiales se limitaron a señalar que “las conversaciones continúan” y que se busca “resguardar plenamente los intereses del Paraguay”. Fuentes oficiales confirmaron que la comitiva paraguaya, encabezada por técnicos de la ANDE y de la EBY, se reunió durante largas horas con autoridades de la Secretaría de Coordinación de Energía y de la EBY, lado argentino. A pesar del optimismo discursivo, el contenido exacto de la cláusula aún en discusión se mantiene en reserva. No se sabe si se trata de aspectos tarifarios, plazos de pago, compromisos de inversión o definiciones operativas. La falta de comunicación oficial sobre el tema alimenta especulaciones y reaviva cuestionamientos sobre la conveniencia del acuerdo para Paraguay.

La poca transparencia contrasta con el despliegue comunicacional previo. Días antes, el propio Benítez había celebrado el acuerdo como “un cambio de paradigma” en una entrevista televisiva, resaltando que por primera vez se había negociado desde una “posición fuerte”, con Paraguay retirando el 50% de su energía durante cinco meses como presión. El decreto presidencial argentino 303/2025, que autoriza a su Secretaría de Energía a cerrar el acuerdo con ANDE y la EBY fue leído como la señal definitiva de luz verde. El retraso, sin embargo, abre interrogantes. ¿Qué tan sólido es el consenso anunciado? ¿Qué condiciones faltan ajustar si supuestamente todo ya fue “plenamente discutido”? ¿Por qué no se transparenta el contenido que aún genera diferencias?

Fuente: ABC