si algo ha pasado durante este año en el país en esta materia es un retroceso, como lo evidencia la caída de 10 puestos de Colombia en el Índice de Transición Energética que publica el Foro Económico Mundial: un indicador que mide qué tan preparado está cada país para la transición.

Mientras tanto, los proyectos eólicos y solares en esta región están enredados en sus cronogramas por temas que le competen justamente al mismo Gobierno. Según un informe de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), el 65% de los proyectos de generación de energías renovables no convencionales programados por la Nación para su entrada en operación entre el 2023 y 2024 presentan atrasos, muchos de ellos concentrados en La Guajira, la zona de mayor potencial en radiación solar y donde se concentra el mayor volumen de vientos alisios que llegan al país.

Los trámites para obtener licencias, en particular las ambientales, han retrasado la instalación de aerogeneradores, líneas de transmisión y otras infraestructuras que son esenciales para poner en marcha estos proyectos y lograr que su energía llegue al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Las consultas previas, particularmente, se han vuelto un dolor de cabeza: se tornan en un viacrucis de nunca acabar y entorpecen aún más proyectos que ya son bastante complejos en lo técnico. Recientemente la multinacional italiana Enel anunció la suspensión indefinida de su parque eólico Windpeshi, de 205 megavatios, contagiando de incertidumbre todos los futuros desarrollos de este sector en la región.

La razón de la suspensión es casi macondiana. Según expuso Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, en el congreso de Asobancaria, Windpeshi definitivamente se trabó porque funcionarios de Ennel tratando de salvar la vida de un wayuu, lo llevaron a la clínica, y entonces la persona que lo había dejado al borde de la muerte acusó a la multinacional de estar impidiendo “el derecho ancestral a la venganza”.

Parece que fuera un pulso de nunca acabar. Todo el mundo habla del gran potencial de energía de la Guajira, la ministra Irene Vélez habló la semana pasada de 25 gigas, pero toda esa energía está atrapada en la península y con problemas de gobernabilidad para poder sacarla y conectarla al Sistema Nacional. El Gobierno, que ha puesto estas energías como su prioridad, debería empezar a dar soluciones. Como la de la semana pasada, cuando la ministra anunció un pacto y, finalmente, el cierre de las consultas de uno de los proyectos más importantes en la región, el de Colectora del Grupo Energía de Bogotá.

Si la intervención del gobierno logró destrabar este proyecto ¿por qué no seguir buscando maneras de ayudar a salvar otros de los grandes proyectos? Explorar ideas, ¿Ecopetrol o ISA, por ejemplo, se le podrían medir a adquirir proyectos que están atascados o que el gobierno ayude para sacarlos adelante? Es necesario hacer algo para que las grandes obras de energías renovables no mueran en las arenas movedizas de las consultas.

Pensando en la idea de un “Estado emprendedor” que propone la economista italiana Mariana Mazzucato, a quien el presidente Gustavo Petro tanto admira: qué tal desarrollar un modelo de gobernanza en el que el Estado asume un papel activo y estratégico en la promoción de la innovación y el desarrollo económico, actuando como un inversor y facilitador de proyectos emprendedores en áreas clave. En este caso en particular, el Gobierno podría invertir e involucrarse directamente en los proyectos que existen hoy en La Guajira. La posibilidad de llevar algún desarrollo a La Guajira se ha vuelto tan compleja que eventualmente el Estado podría poner y exigir otras condiciones.

Y si bien es cierto que hoy en día existen restricciones de integración vertical para que Ecopetrol e ISA se involucren en actividades de generación de energía, ha sido más que evidente que la eliminación de esta restricción cuenta con la bendición del Gobierno Nacional, como se vio en el ya fallido intento de eliminar esta restricción en el PND, al igual que en un nuevo proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso para modificar esta regulación.

En caso tal de permitirse, el Gobierno Nacional tal vez sería el actor más indicado para marcar la hoja de ruta de cómo materializar la construcción de estos proyectos en armonía con el medio ambiente y las comunidades.

Fuente: El Colombiano