A medida que Petroecuador entrega el petróleo, las petroleras chinas pagan a través de la banca estatal china. Esta se cobra la cuota del crédito y el saldo se lo entrega a Petroecuador. La ficción jurídica es que se trata de preventas de petróleo.

Este mecanismo ayudó a financiar el enorme gasto público del correato, al costo de mermar ingresos futuros. Los contratos fueron excesivamente favorables a la contraparte china: tasa de interés al 7,34% a pesar de la garantía petrolera; un precio que descontaba el costo de transporte a la China, cuando en realidad el petróleo se vendía en América, compitiendo con Petroecuador. Una fórmula para fijar el precio perjudicial en USD3,61 por barril. La Comisión de Fiscalización emitió un informe devastador.

El gobierno negocia con China la ampliación de plazos para la entrega de crudo, para que a este gobierno le quede más petróleo; que parte del petróleo sea llevado a China, y que se adopte una fórmula de precios más equitativa.

Hay quienes creen que siendo tan perjudiciales estos contratos, y existiendo la evidencia de coimas, el Estado no debería renegociarlos sino exigir su reemplazo con otros más transparentes. Pero Ecuador no puede antagonizar a China. La situación fiscal se ha deteriorado por la reducción del precio de los combustibles y la decisión de la Corte Constitucional que es constitucional el alza de los salarios de los maestros a pesar de carecer de financiamiento. Las necesidades de financiamiento para 2023 son elevadas y ya no habrá acuerdo con el FMI. El financiamiento de otras multilaterales será limitado. El riesgo país se ha disparado y no es dable colocar bonos. El único financista que nos queda es China.

Fuente: El Comercio