La reunión tendrá lugar en la propia Corte y, según el ministro, buscará un acuerdo sobre medidas y planes de trabajo "posibles o recomendables" para hacer cumplir la ley que unificó la tasa del impuesto a los combustibles.

“La resolución satisfactoria de la presente controversia constitucional puede involucrar dimensiones más allá de la lógica jurídica, en particular las derivadas de los universos político y burocrático”, escribió el ministro.

Mendonça es ponente de una demanda en la Corte Suprema en la que el gobierno federal pide la suspensión de la definición por los Estados del ICMS sobre el diésel. La intención es mantener unificado el impuesto, tal como lo aprobó el Congreso.

Para participar en la audiencia, el magistrado determinó la convocatoria de los siguientes órganos y autoridades, para una reunión presencial:

AGU (Abogacía General de la Unión);

Ministerio de Economía;

Ministerio de Minas y Energía;

ANP (Agencia Nacional del Petróleo)

Confaz (Consejo Nacional de Política Financiera)

Secretarios de Hacienda, Hacienda o Tributación y Procuradores Generales o Procuradoras Generales de los 26 Estados y del Distrito Federal.

Mendonça invitó a los gobernadores y presidentes de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), y del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). La asistencia, sin embargo, es opcional.

“Finalmente, destaco que la finalidad de la audiencia es eminentemente consensual, por lo que es muy recomendable que, en la ocasión, las manifestaciones tengan un carácter propositivo y resolutivo”, ha dicho el ministro.

El 24 de mayo, el ministro había autorizado la manifestación de los Estados y el Distrito Federal en la acción en la Corte que trata el tema. Dio 48 horas para que los responsables de las economías estatales entreguen información, como las tarifas y precios promedio de los últimos 60 meses cobrados a los combustibles y el valor del cobro del ICMS de cada UF con los productos.

En la decisión de este lunes (30 de mayo), el ministro amplió el plazo para que las autoridades estatales aporten o complementen la información hasta que comience la audiencia.

Los gobiernos estatales enviaron oficios con la información entregada, y algunos expresaron dudas sobre la interpretación de los datos a ser enviados. Cerca de 90 documentos llegaron al STF con hojas de cálculo referentes al impuesto en los Estados.

HISTÓRICO

El 13 de mayo, el ministro había suspendido, en forma de medida cautelar (provisional), partes del Acuerdo Confaz nº 16/2022, que permitían a cada Estado cobrar una cantidad diferente de ICMS sobre el combustible. En la decisión, dijo que la “violación de disposiciones constitucionales” y la “manifiesta afrenta al principio de uniformidad” se evidenciaron en la disposición que permite el cobro específico por parte del Estado. La Comsefaz (Comité Nacional de Secretarios de Hacienda, Hacienda, Ingresos o Tributación de los Estados y del Distrito Federal) ya había decidido cuestionar la medida cautelar de Mendonça.

El 20 de mayo, la AGU amplió su solicitud inicial, y solicitó a la Corte que se pronuncie sobre la supuesta “omisión” de los Estados en relación al ICMS sobre diésel. La dependencia afirmó que las entidades de la Federación adoptaron una “postura recalcitrante” en una reunión de Confaz el 19 de mayo, en la que no acordaron llegar a una solución para el impuesto. En la ocasión, el organismo también solicitó la suspensión de la vigencia de la totalidad del Acuerdo de Confaz nº 16/2022.

COMPRENDER

En marzo, los secretarios de Hacienda estaduales definieron por unanimidad que el ICMS sobre el diésel S-10 sería de R$ 1,0060 a partir del 1 de julio. El valor se refiere a la tasa más alta vigente en el país, practicada en Acre. La aplicación del impuesto, sin embargo, vendría con un “descuento”, lo que, en la práctica, mantendría la carga tributaria actual de cada Estado. La medida se tomó con la justificación de que no habría impacto en la recaudación.

Como resultado, cada Estado continuó con un monto diferente, no habiendo logrado el objetivo de la Ley Complementaria 192/2022, aprobada el 10 de marzo, que unificó la tasa y también estableció una nueva forma de recaudación, la denominada “ad rem”. , es decir, fijos y por unidad de medida. El gobierno presentó la acción directa de inconstitucionalidad el 13 de mayo. En él, cuestiona la posibilidad de que cada Estado cobre un ICMS diferente al diésel.

El jueves (19 de mayo), Confaz, vinculada al Ministerio de Economía, convocó a una reunión de emergencia con los Estados para tratar de llegar a una solución. El Consejo propuso la adopción del modelo de transición de aplicación de una media móvil, en la base de cálculo del impuesto, a partir del precio medio de los carburantes de los últimos 60 meses. Esto reduciría los precios finales en la bomba. Los estados no aceptaron la propuesta, que reduciría los ingresos.

Los precios de los combustibles han sido uno de los principales impulsores de la inflación en el país. El viernes (20 de mayo), la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles) publicó un nuevo récord para el precio del diésel en las gasolineras: un promedio de R$ 7,07 por litro.

Fuente: Poder 360