Así lo advierte la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) que realiza en Barranquilla el Foro Hechos de Sostenibilidad de esta actividad productiva.
Según el gremio que preside Francisco José Lloreda, una política energética de debilitamiento desataría un desplome de la producción y en 5 años caería 47% la extracción de petróleo y 27% la de gas, y en ese contexto el país se vería obligado a importar gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028.
“El país quedaría expuesto a tensiones políticas y de mercados internacionales que encarecerían el gas de los hogares (duplicando su costo), así como la electricidad, el transporte y el respaldo para las fuentes renovables y la transición energética”, anotó la ACP. Otro aspecto negativo sería la pérdida en divisas de aproximadamente US$68.000 millones entre 2022 y 2032, por la reducción en las exportaciones de petróleo y, además, importaciones anticipadas de petróleo y gas.
“Este es un momento crucial para el país, luego de la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza que esta ocasionó, hay muchos desafíos en materia social, y este sector puede ser un gran aliado en la lucha contra la pobreza, pues los recursos que genere apoyarían la financiación de los principales programas de desarrollo del próximo gobierno, y permitirían apalancar la diversificación energética y productiva, mientras aprovechamos los recursos de petróleo y gas con los que cuenta Colombia en esta ventana de oportunidad única para el país”, enfatizó Lloreda.
Esta prueba ácida a los efectos de un eventual desestímulo para el sector de hidrocarburos coincide con la reciente actualización de reservas que presentó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según las cuales las existencias de petróleo con corte a diciembre del año pasado aumentaron de 6,3 años a 7,6 años, el incremento más alto desde 2009.
Pero, para la ACP no incentivar las inversiones para aprovechar estas reservas conllevaría a futuros encarecimientos de los energéticos lo que perjudicaría el bolsillo de los colombianos, y derivaría en más pérdidas en la calificación de riesgo país, se encarecerían la deuda externa.
Por las menores inversiones en este sector, los proveedores nacionales y regionales, perderían oportunidades de contratación por aproximadamente $20 billones. Ello podría generar recesión económica y mayor conflictividad social en más de 97 municipios donde los aportes del sector son fundamentales.
Fuente: El Colombiano