La propuesta fue entregada al Ministerio de Desarrollo Regional el martes (26.abr.2022) y será entregada a otros ministerios en los próximos días. El objetivo es hacer participar a la Unión en una política pública de movilidad urbana, hasta hoy atribuida únicamente a los municipios.
Rafael Calabrio, coordinador del Programa de Movilidad Urbana del Idec, dice que el programa tiene varios frentes, desde contribuir al proceso de descarbonización del transporte público -con la sustitución del diésel por electricidad-, pasando por la renovación de flota hasta el cambio de paradigma de la estructura de costos de los sistemas municipales .
“No tienes una estructura como el SUS, que ya tiene roles, responsabilidades, programas, formas de transferir ingresos entre fondos. El transporte no tiene nada de eso. La agenda se enfoca en el programa de electrificación, pero la idea es, a futuro, que tengamos una legislación, un sistema de movilidad. Pero este es un debate muy largo”, dijo Rafael.
Los defensores dicen que la gestión sería realizada en su totalidad por el gobierno federal, ya que la gestión centralizada facilitaría la transparencia de los contratos. Idec estima que el costo anual para la Unión sería de alrededor de R$ 100 millones por el alquiler de 83 autobuses, incluida la infraestructura de carga en los garajes. Por otro lado, el ahorro para los sistemas municipales estaría entre el 28% y el 36%, lo que traería una potencial reducción de tarifas.
“Con la pandemia y la crisis se han discutido más agendas de emergencia. Pero nuestra idea no es solo dar dinero a los empresarios de autobuses. Los autobuses eléctricos serían un medio para hacer avanzar la imagen. Y luego el gobierno pagaría el alquiler. Porque comprar una flota es malo, mantener el activo parado… entonces el gobierno federal pagaría la renta y se la daría al municipio”, dijo Rafael.
El “dar dinero” al que se refiere el coordinador del Idec consiste en la concesión de subvenciones, por parte de los municipios, para evitar una subida de tarifas. Poder360 mostró que los alcaldes de varias ciudades del país han sido presionados por empresarios de autobuses para reajustar los boletos e incluso solicitaron ayuda al gobierno federal a principios de este año.
Según Idec, no habrá tiempo suficiente para poner en práctica el programa este año. Por eso, el grupo ya busca el apoyo no solo del actual gobierno, de cara a la precandidatura a la reelección del presidente Jair Bolsonaro, sino de otros candidatos presidenciales.
“También vamos a hacer un trabajo muy fuerte de elecciones, con los candidatos. Porque es un cambio de paradigma muy grande para el sector del transporte. Y también vamos al Congreso, hablando con la gente, involucrando a diputados y senadores. La idea es crear un banco temático”, dijo Rafael.
La participación de los congresistas para que la propuesta se haga realidad es fundamental. Los recursos para el alquiler de vehículos, dicen las entidades, provendrían de un fondo nacional de transporte, abastecido a través de un rubro que se creará en el presupuesto, lo que debe hacerse por proyecto de ley.
Fuente: Poder 360