Durante la administración de Enrique Peña Nieto se realizó una reforma energética con el propósito de privatizar las actividades de las industrias petrolera y eléctrica. Fue una reforma con características peculiares. Las condiciones políticas y la herencia histórica no permitían vender las empresas estatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entonces lo que se hizo fue poner a estas empresas al servicio directo de los grandes consorcios privados. La consecuencia fue la caída dramática de la producción petrolera, así como la quiebra financiera de ambas empresas de la nación.

La CFE fue condenada a subsidiar a las empresas eléctricas privadas de una forma leonina, provocando, por un lado, la cancelación de sus nuevas inversiones productivas y, por otra parte, el alza de las tarifas a los consumidores domésticos.

El subsidio a las empresas eléctricas privadas se realizó de cuatro maneras, principalmente. Por un lado, se obligó a la CFE a comprar la electricidad generada por las compañías privadas. Por otro lado, se obligó a la CFE a pagar la energía eléctrica convenida, aunque esta no fuera entregada en su totalidad. También se obligó a la CFE a priorizar el uso de la energía eléctrica generada por particulares por encima de la energía generada por la propia CFE. Y finalmente, se obligó a la CFE a prestar de forma casi gratuita la red pública de distribución a supuestas empresas privadas autogeneradoras que en realidad vendían electricidad de un particular a otro, sin tener que pagar el costo real de dicha transmisión a la empresa pública que la realizaba.

Esa reforma energética puso a las empresas públicas en calidad de financiadoras a fondo perdido de las empresas privadas. La CFE perdía recursos, utilizaba su propio presupuesto para entregárselo en los hechos a los privados y recuperaba algo de lo perdido aumentando las tarifas a las familias, a los consumidores domésticos.

Las empresas privadas elevaron sus ganancias y se expandieron a costa de los múltiples apoyos, facilidades y subsidios otorgados por el Estado. A las empresas públicas, impedidas de desarrollar su potencial y negocios, se les asignó el simple papel de subsidiar a los entes privados.

Los grandes perdedores con la reforma de Peña Nieto fueron el sector público encargado de llevar el servicio eléctrico a los hogares y las familias que necesitan acceso a la electricidad.

En esas condiciones, y después del desastre al que condujo aquella reforma, el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve una nueva reforma eléctrica, para corregir los despropósitos de la pasada reforma y sentar las bases de un nuevo sector energético al servicio de la nación y de la gente.

La reforma propuesta por el presidente López Obrador tiene, entre otros propósitos, los siguientes:

Se busca darle a la empresa pública CFE el 54 por ciento de la generación eléctrica. De tal forma se garantizaría el espacio de las empresas privadas, las cuales generarían el 46 por ciento de la electricidad. Pero sobre todo, se garantizaría la seguridad energética de la nación frente a cualquier eventualidad.

Se pretende evitar los esquemas leoninos de contratación de la venta de electricidad al Estado, para que se pague por la energía realmente entregada por los particulares, sin subsidios indebidos a las grandes compañías.

Se plantea fortalecer la generación de energías limpias a través de la CFE, principalmente completando la inversión pública en las plantas hidroeléctricas.

Y se propone fortalecer así las finanzas de la empresa pública CFE para ofrecer tarifas económicas al ciudadano común, a las familias, a los hogares.

Finalmente, está el tema de un importante mineral: el litio. Se asegura su control soberano por la nación, pues se trata de un mineral que en la industria moderna juega un rol parecido al del petróleo, estratégico para el desarrollo nacional. La del presidente López Obrador, es pues, una buena reforma para la nación y para la gente.

Fuente: El Financiero