Prates es autor del PL 576/21, que crea un marco regulatorio para el proceso de otorgamiento de parques eólicos marinos con subastas y cobra el pago de participaciones especiales a la Unión, estados y municipios, recursos que no están previstos en el decreto presidencial .

Además, la propuesta inicial de la materia también regula otros tipos de energía además de la energía eléctrica que pueden generarse en aguas en alta mar, así como en el interior del país en cuerpos de agua, presas y lagos.

“Usar un instrumento más precario desde el punto de vista de la jerarquía de la legislación puede causar una inseguridad innecesaria para los inversores de mejor calidad. El que realmente va a construir, poner miles de millones en un proyecto como este, lo pensará dos veces hasta que haya una ley”, evaluó.

Actualmente, los parques eólicos marinos bajo licencia en Brasil superan la capacidad instalada de los parques eólicos terrestres con 42 GW de potencia, con especial foco en el Nordeste.

El senador agregó que no existe justificación en el Congreso que pueda impedir la tramitación de un marco legal y que la acción del gobierno pudo haber estado motivada "por pensar que ya no tendría protagonismo" en el asunto.

Aunque entiende que el decreto puede ser considerado inconstitucional, dijo a epbr que no judicializará ni presentará un proyecto de decreto legislativo para suspender las normas editadas por el gobierno.

“Pero otros podrían. Y lo hagamos o no, haremos nuestro trabajo, que es seguir con nuestro proyecto”, añadió.

El relator del tema, Carlos Portinho (PL/RJ), coincide en que la mayor seguridad jurídica para todas las inversiones vendrá con la ley, y no con el decreto, y pretende continuar el trabajo para la aprobación del texto en el primer semestre.

De aprobarse, el proyecto de ley en la Cámara puede anexarse ​​a por lo menos dos textos que ya tratan el tema — el PL 3655/21, de autoría de Danilo Forte (PSSB/CE), y el PL 11247/2018, de origen Senado e informado por el diputado Zé Vitor (PL/MG).

Danilo Forte cree que la emisión del decreto puede ser una oportunidad para utilizar las propuestas legislativas para llenar los vacíos operativos que puedan surgir en la ejecución de nuevas concesiones de parques eólicos marinos.

“Es lógico que, en un principio, [el PL] pierda algo de impulso. Pero luego, al interactuar con el mercado y otros temas relacionados, se puede mejorar el texto”, dijo.

De acuerdo con el texto que se publicó ayer (26/1), el decreto entra en vigor en junio y el Ministerio de Minas y Energía (MME) tiene otros 180 días para reglamentar, lo que en la práctica hace que entren en vigor las nuevas normas. en 2023.

Decreto conserva puntos identificados como frágiles por consulta en el Senado

La versión del reglamento publicada este miércoles (26/1) conserva puntos que fueron señalados por la consultoría del Senado como frágiles y sujetos a cuestionamiento legal.

Según el decreto, la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU), del Ministerio de Economía, podrá ceder las áreas interesadas al MME, que a su vez celebrará la cesión de uso a las empresas interesadas u organizará los procesos de licitación.

El análisis de la consultora señaló que actualmente no existe un sustento legal para transferir la competencia al MME.

“O la SPU es partícipe de lo que le corresponde por ley, o los instrumentos suscritos en ese marco pueden verse debilitados”, dice el diagnóstico.

También mantiene lo que la consultora del Senado entendió como un marco para la integración de nuevas cadenas de valor de la energía eólica, como la producción de hidrógeno asociado —que ya tiene un acuerdo firmado en Rio Grande do Norte, por ejemplo—. El texto del decreto establece que las disposiciones son sólo para la generación de energía eléctrica.

Fuente: Epbr