En la agenda de la reunión de directorio, el análisis será sobre el cuestionamiento de la constitucionalidad del Decreto Estadual 65.889/2021, de São Paulo. Pero la decisión, en la práctica, puede afectar otros decretos y leyes estatales de contenido similar, es decir, que otorgan a los estados la prerrogativa de clasificar los gasoductos en sus territorios. Sin embargo, según la Nueva Ley del Gas, esta competencia pertenece al Gobierno Federal, a través de la ANP.
Con ordenanzas o leyes estatales, las agencias reguladoras estatales pueden clasificar una tubería de transporte como una tubería de distribución. Tal medida tiene el potencial de impactar las previsiones de inversión de los agentes productores, ya que la clasificación puede dar lugar, por ejemplo, a tarifas a pagar a la distribuidora estatal.
Como mostró Poder360, algunos estados, como Ceará, Paraíba y Pernambuco, han cambiado su legislación sobre el mercado de gas natural en los últimos meses. Según entidades como el IBP (Instituto Nacional do Petróleo e Gás Natural) y la Abpip (Asociación Brasileña de Productores Independientes de Petróleo y Gas), algunas partes de estas leyes no solo invaden la jurisdicción federal, sino que también amenazan la efectividad de la apertura de la mercado de petróleo y gas. Esto, dicen, puede ahuyentar inversiones en el sector.
Por otro lado, hay agentes del sector que reclaman que los Estados tengan autonomía para definir la clasificación de los gasoductos dentro de sus límites territoriales. Por lo tanto, según Abegás (Asociación Brasileña de Distribuidores de Gas Canalizado), no hay invasión de competencia. Por el contrario, los actos normativos estatales otorgan mayor seguridad jurídica al mercado. Actualmente, Rio Grande do Norte se encuentra en proceso de discusión sobre la regulación de su mercado de gas.
Al decidir llevar o no el asunto a los tribunales, la ANP dijo en un comunicado que en caso de que algún agente tenga un problema con el acceso a alguna de las infraestructuras consideradas esenciales, debe comunicarse con la dependencia, para que se inicie un proceso administrativo ser abierto.
Fuente: Poder 360