Crece la presión sobre el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas con amenazas no solo desde el sector de los gremiales, sino también de los cooperativistas y choferes. Desde el Gobierno se descartó acceder a la demanda de “anulación” y se calificó de “tergiversación y mal información” lo que circula en torno a la iniciativa legal cuestionada.

«Esta norma no debería ser anulada ni mal informada, nos va a servir como un instrumento muy importante para conservar esa calidad de país confiable ante el mundo», respondió la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, frente a la presión en contra del proyecto de ley que sumó a más actores y amenazan con un nuevo paro.

El lunes se cumplió un paro cívico -convocado inicialmente por los gremiales y a los que se sumaron cívicos, expresidentes, partidos de oposición, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)- en contra del proyecto, porque sostienen que afectará sus derechos e incluso su patrimonio.

Dieron un plazo de tres días para que el Gobierno suspenda de forma definitiva su tratamiento. El dirigente de los gremiales Francisco Figueroa advirtió con un paro de 48 horas desde el lunes si hasta el viernes no es respondida su demanda, a la que se sumaron también, principalmente, los cívicos cruceños y otros sectores agrupados en un bloque de oposición política-cívica.

Fuente: La Razón

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