Si bien es una práctica en la que incurren todos los gobiernos, los dos mandatos de Cristina Kirchner se caracterizaron por perder los superávits fiscal y comercial por tomar la decisión política de no aumentar el servicio de gas y electricidad, en un contexto de alta inflación y devaluación del tipo de cambio.
La presidencia de Alberto Fernández podría seguir el mismo camino, ya que en el año y medio de mandato solo se autorizó un incremento de 6% para las tarifas de gas y un alza de 11% en las de electricidad para los usuarios del área metropolitana.
Estos aumentos, sin embargo, no generaron una menor necesidad de transferencias del Estado, puesto que sirvieron para mejorarles los ingresos a las empresas distribuidoras, después de más de dos años de congelamiento. Por eso, ayer, el Ministerio de Economía informó que los subsidios destinados a la energía subieron 61,1% interanual el mes pasado y acumulan en el año un gasto de 0,9% del PBI, según la consultora Ledesma.
En concreto, se destinaron en mayo $83.307 millones. En los primeros cinco meses del año, lo transferido a este sector son $248.755 millones, que implica una suba interanual 53,8% o de 7% real, según la consultora LCG. Para este año, el ministro Martín Guzmán había proyectado que los subsidios al sector se mantuvieran constantes en 1,6% del producto.
Esta estimación ya quedó obsoleta, pese a que se espera que el PBI crezca más de 6%. De hecho, las consultoras privadas especializadas en energía prevén que las transferencias al sector impliquen un costo fiscal de 2% del PBI, que sería el mayor en los últimos cinco años. Por otro lado, ayer, el Indec informó que las importaciones de combustibles y lubricantes exhibieron una suba muy fuerte, en torno al 171% en mayo, e implicaron un gasto de US$358 millones.
El dato más preocupante es que este valor fue producto de una baja de 5,7% en los precios y una suba de 187,8% en las cantidades importadas.
En lo que va del año, las compras de combustibles implicaron una salida de divisas de US$1520 millones.
En detalle, en los primeros cinco meses, las importaciones de gas natural licuados (GNL) representaron US$137 millones y aumentaron US$120 millones con relación a los tan solo US$7 millones que se habían destinado en el mismo período en 2020.
Los mayores barcos con GNL provienen de India, Estados Unidos, Países Bajos, Malasia y Qatar.
A partir de este mes se espera que las compras de GNL aumenten considerablemente, ya que comenzó a operar el segundo buque regasificador que se contrató, y que amarró a fines de mayo en Bahía Blanca. Con relación al gasoil, por su parte, que es más caro y contamina más que el GNL, este año se importó US$490 millones, casi el doble de los US$291 millones que se compraron en el mismo período de 2020.
Todos estos números aumentarán con el comienzo del invierno y la mayor demanda de gas para paliar las temperaturas frías.
El pico de importaciones del sector energético ocurrió en 2013, cuando las compras de Combustibles y Lubricantes totalizaron los US$12.464 millones.
En consecuencia, en dicho año, el déficit comercial energético alcanzó los US$6902 millones. A partir de ahí, el déficit comercial energético fue reduciéndose hasta alcanzar un saldo balanceado en 2019 y un leve superávit en 2020, que podría perderse este año.
Más subsidios Pese a este panorama, en el Congreso se está por aprobar un proyecto de ley que amplía la aplicación de tarifas diferenciales a zonas del país. La propuesta amplía el subsidio a cuatro millones de usuarios (aproximadamente 10 millones de personas) localizados en 14 provincias, entre las que se destacan Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Juan, San Luis, Mendoza y Salta, previéndose una disminución del orden de entre el 50% y el 30% en los costos de sus facturas.
El financiamiento se presupone a través de un fondo fiduciario, que implica nuevamente otro aumento en las facturas de las categorías pymes, industriales, GNC, Centrales Térmicas y Cargadores Directos, mientras que el Estado deberá cubrir con subsidios la cuota que corresponda a usinas eléctricas.
“De esta forma, a la inexistencia de segmentación alguna en las tarifas residenciales, se suman las medidas que proponen ampliar la inconsistencia macroeconómica y la ampliación de subsidios sin focalización e inteligencia”, concluye un informe del estudio Montamat y Asociados.
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Fuente: La Nación