Al menos tres escollos deberán superar las empresas petroleras estatales del Ecuador para poder concretar el más complejo de los procesos de fusión en los que está empeñado el Gobierno (como parte de su política de optimización del Estado). La enorme carga laboral, la homologación de remuneraciones y el comprometimiento de la oferta exportable por varios años en contratos de largo plazo, son los puntos más sensibles a la hora de generar una empresa más eficiente y sólida.