El problema reside en no haber previsto que la gestión de obtención del crédito, se hizo bajo el entendido que la construcción y puesta en operación comercial (POC), estaba a cargo de la contratista española Técnicas Reunidas SA (TR). Sin embargo el esquema actual ha entregado parte de la construcción, como lo son los servicios auxiliares, a un consorcio, donde hay coparticipación de una empresa española con una empresa china (Cobra-SCL SA).