La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras un largo debate en el que participaron delegados de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), del Ministerio de Trabajo y de la Central Obrera Boliviana (COB), estableció que el sector privado boliviano ha sido excluido por el gobierno de las consultas exhaustivas y en igualdad de condiciones, del proceso de fijación de salarios mínimos nacionales, establecido en el Convenio 131.

Hugo del Granado y Bernardo Prado coincidieron en que el país llegó al límite de su producción y que se podía firmar un contrato paralelo sólo por invierno.