El levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5503, abrió un nuevo frente de tensión social en el país. Mientras sectores del transporte pesado y urbano activaron protestas y anunciaron incrementos en las tarifas, el Gobierno salió a defender la medida asegurando que era insostenible mantener un subsidio que costaba al Estado $us 3.500 millones al año, equivalente al 6,4% del PIB, y que —según sus estimaciones— alimentaba redes de corrupción y contrabando hacia países vecinos

En una extensa conferencia de prensa, los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, admitieron que el ajuste genera un “momento de incomodidad” para las familias, pero sostuvieron que el impacto en la vida cotidiana será menor al que se vivía con el desabastecimiento. Recordaron que, hasta hace pocas semanas, transportistas y ciudadanos pasaban entre 12 y 18 horas en filas para cargar diésel o gasolina, con un efecto directo en los precios de alimentos y servicios

Fuente: El Deber

Lea la noticia