Los prolegómenos de la crisis empezaron en el 2014 con las sucesivas interrupciones en el Oleoducto Norperuano (ONP) que afectaban al operador del lote 1-AB (hoy lote 192), la argentina Pluspetrol Norte S. A., cuyo contrato de licencia de explotación terminó el 2015, y acertadamente decidieron irse. Entre el 2015 y el 2021, el lote 192 estuvo operado por un contrato de servicios (crudo propiedad del Estado), y desde allí hasta la fecha ha estado paralizado por no haber encontrado el operador confiable que invierta y se haga cargo. En Loreto, hasta el 2020 estuvo en operación el lote 8, a cargo de Pluspetrol Norte S. A., que se declaró en quiebra y se marchó.

El lote ha estado paralizado hasta este año, cuando ha retornado a producir a cargo de la empresa Upland Oil & Gas, con lo que la Refinería Iquitos, de propiedad de Petroperú S. A. (PP), puede producir gasolinas, diésel y residuales. Mientras tanto, la producción de petróleo en el noroeste peruano declinaba, llegando a la magra cifra de 20 mil barriles diarios (MBD), lejanos de los 34 MBD del 2018, complicando la eficiencia de la Nueva Refinería Talara (NRT), hoy convertida en el origen de una deuda de PP que bordea los 7,000 millones de dólares (MMUS$). En el 2014, la NRT era el Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), cuyo contrato de ingeniería y construcción (EPC) se firmó irresponsablemente en el 2014, con proyecciones sobreestimadas de optimismo y sin cierre financiero. Para un EPC de parte de refinación de 2,700 MMUS$ y unos servicios auxiliares estimados en ese momento en 800 MMUS$, solo se garantizó 1,000 MMUS$ de financiamiento y un carísimo crédito puente de 500 MMUS$, que se mantuvo hasta el 2017. En el sector gas natural (GN), la promoción de la exploración fracasó y llegamos a tener reservas de 13 años en el lote 88, 7 años en el lote 57 y 6 años en el lote 56. Una década perdida, responsabilidad de los 6 gobiernos que pasaron por la Casa de Pizarro.

Fuente: Cesar Gutierrez