El objetivo del mismo, según comunicó Washington, es contrarrestar el tráfico de drogas por la vía marítima. Desde entonces se han dirigido ataques a embarcaciones, causando la muerte de 83 personas hasta mediados de noviembre de 2025. En medio de esta campaña militar, el presidente estadounidense Donald Trump acusó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel de drogas, al cual incluso catalogó de grupo terrorista, mientras que el segundo respondió que “el verdadero objetivo de Washington es imponer un cambio de régimen en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también cree que el operativo militar por parte de Estados Unidos tiene que ver con el petróleo. Esto en el sentido de forzar una negociación sobre el acceso y la venta del mismo, en un contexto donde China se ha convertido en comprador clave para Venezuela. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, incluso superando a Arabia Saudita, esto tras certificar las reservas de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las reservas probadas de Venezuela superan los 303.000 millones de barriles.

Si bien Venezuela tiene la mayor cantidad de petróleo bajo tierra, lo cierto es que está lejos de ser el mayor productor del mundo. Una de las razones tiene que ver con la calidad y el costo del crudo. El crudo pesado y extrapesado es más denso y viscoso, por lo que es más difícil y costoso de extraer y refinar en comparación con el crudo ligero que se encuentra en Arabia Saudita. Además, Venezuela enfrenta desafíos logísticos y geopolíticos que influyen en su capacidad de producción. Factores como las sanciones, la falta de inversión, la emigración de técnicos especializados y el deterioro de la infraestructura han provocado que su producción actual sea comparativamente muy baja. En 2023 fue el vigésimo primer país en producción, muy por debajo de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

Estados Unidos también se la ha puesto difícil. Durante su primer gobierno, específicamente en 2019, Trump impuso un embargo económico a Venezuela. El país latinoamericano encontró cómo sortearlo a través de triangulaciones en el mercado negro con aplicación de descuentos. Aunque tuvo dificultades para encontrar compradores al inicio, ya cuenta con una cartera de clientes. “Los países sancionados empiezan a desarrollar esta habilidad de moverse con descuentos y costos muy turbios”, dijo Tamara Herrera, representante de la firma Síntesis Financiera, a la Agence France-Presse (AFP). “Ya hay un mercado que espera y conoce el crudo venezolano”, añadió.

Ese petróleo “se vende principalmente a China”, mencionó Elías Ferrer, director de la firma de análisis Orinoco Research, a la AFP. Algunas estimaciones recientes, realizadas en octubre, sugieren que China concentra hasta el 84% de las compras del crudo venezolano. Aunque no es un comprador masivo de crudo, Irán ha ayudado a Venezuela a intercambiar crudo por condensado (un diluyente esencial) y a rehabilitar refinerías, liberando más crudo para la venta en el extranjero.

Ahora bien, más producción no necesariamente implica más ingresos, ya que Caracas tiene que vender con descuentos. “¿Cuánto es la rebaja? Entre 10 y 20%”, indicó Herrera. Pero, todo depende de la situación mundial: “Entre 10% y 15% cuando las cosas están fluidas y no agitadas geopolíticamente”, precisó. “Si no, estamos ya hablando de 20%”, agregó. Aun así, en 2025, la producción de petróleo de Venezuela superó el millón de barriles diarios, según datos de la OPEP. Estos son unos 100.000 más que a finales de 2024. De hecho, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, celebró un crecimiento de 16% de la actividad petrolera este año.

En marzo, Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a los países que compraran petróleo o gas a Venezuela. Esta medida, que entró en vigor a principios de abril de 2025, tenía como objetivo imponer sanciones secundarias y dificultar aún más la comercialización internacional del petróleo venezolano por parte del gobierno de Maduro, incluso para los países que no son aliados de Estados Unidos. La emisión de algunas exenciones desde Washington para que petroleras, como Chevron, pudieran operar en Venezuela también ayudó al país latinoamericano a sortear el embargo.

Chevron era la última gran petrolera estadounidense que mantenía operaciones en Venezuela, a través de empresas mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Esto era posible gracias a una Licencia General (LG) emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluso con la licencia, las operaciones de Chevron estaban fuertemente restringidas, sin permitirle realizar nuevas inversiones y limitando su capacidad para generar ingresos directos para el gobierno de Maduro.

A principios de 2025, el gobierno de Trump revirtió las licencias que la administración anterior había otorgado al sector petrolero venezolano, y esto impactó directamente a Chevron. Inicialmente, se estableció un plazo de 30 días, hasta el 3 de abril de 2025, para que Chevron liquidara sus operaciones en el país. Esta medida prohibía a la empresa pagar impuestos o regalías al Gobierno venezolano y exportar petróleo a Estados Unidos.

Posteriormente, se extendió el plazo hasta el 27 de mayo de 2025. Esta extensión se interpretó como un período adicional para facilitar una salida ordenada de la empresa del mercado venezolano, manteniendo la prohibición de nuevas inversiones. La licencia, que permitía a Chevron llevar a cabo operaciones de producción y exportación de petróleo en sus empresas mixtas con PDVSA, expiró en mayo según lo programado. La expiración obligó a la empresa a reducir significativamente su presencia y cambiar su estatus.

La compañía pasó a operar bajo una licencia mucho más restrictiva (similar a la que tenía entre 2020 y 2022), lo que significó que no podía producir, perforar o exportar petróleo activamente. Si bien mantuvo sus participaciones en las empresas mixtas, su rol se limitó a la custodia de activos y actividades mínimas para garantizar la seguridad.

Sin embargo, en julio, Trump revirtió parcialmente su decisión y emitió una nueva licencia que permitía a Chevron reanudar la extracción y producción de crudo en el país, aunque con limitaciones significativas. Se restringieron aquellos nuevos proyectos de perforación y transacciones que pudieran enriquecer, según Washington, a funcionarios sancionados.

También tenía prohibido realizar cualquier pago al Gobierno venezolano (regalías o impuestos) que no estuviera directamente relacionado con los costos operativos esenciales. Los ingresos por petróleo debían destinarse a pagar la deuda, y estos pagos debían hacerse en crudo y no con dinero. Vale recordar que Chevron produce más de un tercio del petróleo en Venezuela y era la principal fuente de dólares para Caracas. Herrera explicó a la AFP que dejar de recibir divisas a cambio de crudo es un problema para Venezuela, ya que luego debe revender el petróleo a precios reducidos. Además, Chevron ya no inyecta los dólares que producía en la economía venezolana.

Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, dijo a CNBC que la presencia de la empresa en el país latinoamericano ha sido “constructiva” tanto para Washington como para Caracas, y señaló que el crudo pesado de Venezuela es muy demandado por las refinerías estadounidenses. “Creemos que el comercio regional y la inversión extranjera son un vehículo para que los países trabajen juntos”, explicó Wirth.

En octubre, Chevron informó que su producción fue de aproximadamente 4,1 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un aumento de alrededor del 21% respecto al nivel del año anterior, luego de completar la adquisición de la empresa estadounidense Hess por $53.000 millones. Además, la empresa manifestó que el operativo militar que tiene lugar en el Caribe no afectó hasta ahora los envíos de crudo a Estados Unidos. Pero la venta en el mercado negro —con grandes descuentos por el embargo— puede verse afectada si la flota estadounidense interviene en el tránsito de estos cargamentos.

“No han llegado a tomar un barco, pero digamos que esto pudiera abrirle legalmente esa posibilidad”, indicó el analista Francisco Monaldi a la AFP. “Si empezara a ocurrir, no solamente podría obstaculizar el flujo, sino que también obviamente haría que los descuentos se incrementen”, agregó.

Aparece un tercero

Trinidad y Tobago se involucró indirectamente en el conflicto cuando permitió a Estados Unidos realizar ejercicios militares en su territorio, una medida fuertemente criticada a lo interno del país. Venezuela respondió a esto con la suspensión del acuerdo energético que mantenía con la nación caribeña desde 2015. Si bien este país exporta gas natural licuado (GNL) al resto de América Latina, su operación petroquímica requiere de gas metano, el cual le proveía Venezuela al amparo de dicho acuerdo.

Para contextualizar: los yacimientos trinitarios están agotándose y el país necesita gas para mantener operativas sus costosas plantas de licuefacción. Justo en su frontera marítima se encuentra el Campo Dragón (Dragon Field), un gran yacimiento de gas natural que pertenece a Venezuela. Trinidad y Tobago busca conectar este gasoducto a sus plantas para procesar el gas venezolano y exportar GNL.

El país caribeño es uno de los pocos que ha recibido una exención específica de las sanciones estadounidenses para poder negociar y desarrollar este proyecto. En enero de 2023, la OFAC le otorgó una licencia especial (41D), permitiéndole trabajar con PDVSA para desarrollar el Campo Dragón.

Esta licencia es estricta y controlada. La condición clave es que Venezuela no puede recibir pagos en efectivo. Cualquier compensación que Trinidad y Tobago le dé a Venezuela por el gas debe ser en forma de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas o servicios. Con esta medida, Estados Unidos, por un lado, estaría presionando a Maduro a negociar, pero también evitaría que Caracas venda ese gas a Rusia o China, manteniendo el control sobre el recurso. La suspensión del acuerdo energético entre Venezuela y Trinidad y Tobago compromete este proyecto de explotación conjunta en Campo Dragón y otros yacimientos transfronterizos. Además, si bien la licencia estadounidense sigue vigente, la decisión de avanzar ya no depende de Washington, sino de la voluntad política de Caracas de cooperar con Puerto España.

Lo cierto es que Trinidad y Tobago necesita el gas del Campo Dragón para evitar el cierre de sus plantas de licuefacción y petroquímicas. La suspensión prolonga la crisis de suministro y obliga a la nación caribeña a buscar soluciones alternativas de alto costo. La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, recurrió a alianzas con Guyana, Granada y Surinam, pero es difícil que estos países le vendan gas dado que se requeriría construir un gasoducto que no solo es costoso como obra de infraestructura, sino que tendría que atravesar las aguas territoriales venezolanas.

Eso explicaría el tono moderado que Persad-Bissessar —aliada de Trump— está teniendo en las últimas semanas, al decir que de ninguna manera se estaría autorizando un ataque a Venezuela desde territorio trinitense.

Fuente: Semanario Universidad