Las discusiones resultaron en la inclusión de dos medidas prioritarias en la Agenda Regulatoria para los próximos dos años: la definición de objetivos individuales de reducción de emisiones (y las formas de verificar su cumplimiento) para las empresas del sector, con base en los criterios que se establecerán por decreto.

y la creación de criterios para certificar el origen del combustible renovable, con base en la emisión y el respaldo del Certificado de Garantía de Origen del Biometano (CGOB). El grupo, formado por cinco equipos técnicos de la ANP, analizó el tema durante meses en reuniones con representantes del mercado y del Ministerio de Minas y Energía (MME), informó la agencia en una nota.

La ANP también envió contribuciones técnicas al texto del decreto que regula el Programa Nacional de Descarbonización, que se sometió a consulta pública en mayo. Consulte los detalles de la consulta en el sitio web del MME. Se prevé que las nuevas normas entren en vigor en enero de 2026, según lo establecido en la Ley de Combustibles del Futuro (14.993/2024). El regulador decidió que no será necesaria una evaluación de impacto regulatorio (EIR), ya que esta solo regula las obligaciones ya establecidas en la ley.

El biometano, producido a partir de residuos orgánicos, se considera estratégico para la reducción de emisiones en el sector energético. Se espera que las normas fomenten la producción y el uso de este combustible, alineando a Brasil con las prácticas internacionales de descarbonización.

Fuente: Axes