Las 53 comunidades originarias de la provincia Nor Lípez, en el suroeste de Bolivia, lograron que la justicia ordene la paralización temporal de los contratos de litio firmados entre el Gobierno y empresas extranjeras, tras denunciar que no fueron consultadas ni informadas sobre los impactos de estos megaproyectos.

Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, informó que el pasado 12 de mayo presentaron una Acción Popular ante un juez de Colcha “K”, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.

Fuente: El Deber

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