Los Decretos Supremos (DS) 4910 y 4911 fueron aprobados por el Gobierno nacional para evitar que alrededor de 250 millones de litros de combustibles por año se desvíen a actividades ilícitas. De ese modo, los sectores productivos como el agro, la minería y el transporte podrán adquirir mayores volúmenes de carburantes a precio nacional, a la vez que el Estado ahorra en la subvención.
“El esfuerzo que hace el Estado para subvencionar los combustibles, que son vitales para el sector productivo, para el transporte, para la minería, está siendo mal utilizado por personas que se dedican actividades ilegales. Debemos frenar esto”, expresó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz.

Luego de un diagnóstico realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se identificó que existen clanes familiares que compran volúmenes excesivos de combustibles para revenderlos a mayor precio que el fijado en las estaciones de servicio.

Fuente: Energía Bolivia

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