“Los recursos que se destinan a la importación de combustibles salen de cada uno de los bolivianos y no es posible que clanes familiares se dediquen a esta actividad (el contrabando) y desangren la economía del país”, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz.

Por esta razón, es que los Decretos Supremos 4910 y 4911 establecen rigurosos mecanismos de control. “Es una medida bastante dura, pero necesaria y requiere del compromiso de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional de Bolivia”, agregó.

Fuente: Energía Bolivia

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