Con el 22% de los recursos de litio a nivel global y 19 proyectos en marcha, la Argentina se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores, pero mantiene un nivel bajo de exportación; en 2021, los despachos fueron por u$s 208 millones.
Un documento elaborado por Fundar, muestra que, saltadas las barreras que traban en desarrollo, la actividad podría liquidar entre u$s 5.120 millones y u$s 19.200 millones hacia 2026, según el valor que alcance el mineral en el mercado global que puede variar de 20 a 75 dólares por. Durante la presentación de dos documentos que elaboró la ONG que fundó Sebastián Ceria, un empresario argentino que lleva 33 años viviendo en el exterior, los analistas apuntaron contra las “insoportables inconsistencias del federalismo" y a problemas específicos del régimen de promoción de la actividad minera.
Como particularidad, en comparación con lo otros países del “triángulo del litio”, en Argentina, las provincias detentan el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones mientras que la Nación concentra la mayor parte de los recursos tributarios provenientes de la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
Esta desvinculación que se traduce en 84% de la capacidad contributiva para la Nación y el resto para las provincias, genera que no existan políticas de impulso a la producción o incluso monitoreo de la actividad en las zonas litfferas, ya que la recaudación va a un fondo común. De hecho, según precisó Carlos Freytes, director del Área de Recursos naturales de Fundar, sólo Salta destina un 10% de los recursos que derrama el litio al desarrollo de la productividad minera.
Entre las condicionalidades también se apuntó al compre local, que “crea barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de escala para el desarrollo de proveedores con capacidades productivas y tecnológicas más complejas".
Además, señalaron que la Argentina, que carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios, tiene menos capacidad de recaudación que otros países de la región. Las tensiones alcanzan la política de ciencia y tecnología, que se concentra en el segmento “aguas abajo", por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología de las baterías de ion litio, un segmento en el cual existen importantes barreras financieras, tecnológicas y comerciales para el ingreso de empresas argentinas, advirtió Freytas.
La última pero no menos importante de las tensiones se concentra en el ambiente. En ese sentido, María Victoria Arias Mahiques, investigadora del Area de Recursos naturales de Fundar destacó que Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socio -ambientales mineros después de México, Chile y Perú.
“En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales", mencionó.
“Es necesario articular una visión estratégica común entre los actores del Gobierno y de la cadena de la minería; potenciar rol de empresas públicas o mixtas y balancear distribución de recursos”, resumió el director del Área de Recursos naturales del thinktank.
Fuente: Cronista