Si bien el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha afirmado que no se van a firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, cabe destacar que en el país ya hay 170 contratos firmados en el último cuatrienio. De ser exitosas algunos de estos proyectos podrían significar incrementos en el índice de reservas tanto de gas como de petróleo.

Según Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), una nueva realidad haría que en cinco años la producción de petróleo caiga 47 por ciento y la de gas, 27 por ciento. En este sentido, Colombia anticiparía las proyecciones de importación de gas, lo cual se daría antes del 2026. Por su parte, el petróleo habría que importarlo desde el 2028.

Un estudio económico que hizo la agremiación explica que este déficit se daría porque solo se ejecutarían proyectos ya aprobados para el desarrollo de recursos descubiertos, y únicamente se perforarían los pozos exploratorios provenientes de obligaciones contractuales de las empresas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

La ministra Irene Vélez dijo: “Lo primero que tenemos que hacer es recuperar las relaciones diplomáticas. Esperamos que esta relación nos permita tener otros temas estratégicos para la política energética. No es el escenario deseable ser dependiente de un recurso, pero si después de consumir las reservas aún necesitáramos suplir nuestra matriz se podría hacer con esa conexión de transporte con Venezuela. Pero para ese escenario tenemos tiempo”.

La Asociación Colombiana del Petróleo cálcula que en cuatro años el precio de la factura de gas se multiplicaría cinco veces y los colombianos tendrían que pagar 6.000 millones de dólares al año para asumir el costo de la importación.

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, señaló que “el plan A, B y C debería ser el de ser autosuficientes”. Esto significa que en primer lugar el país debería apostar por explorar y explotar los recursos de su subsuelo, para ser independientes. La líder gremial señaló que uno de los riesgos de traer gas de la nación vecina es que el costo final del combustible puede incrementar el costo de las facturas de este servicio público. “Importar gas aumentaría cinco veces el costo de la factura”, señaló Murgas.

La dirigente gremial señala que podría afectar también a las industrias. Muchas de ellas usan este combustible para generar energía en sus procesos, por lo que encarecerlo tendría impactos en la inflación por vía de los Índices de Precios al Productor. Jorge Linero, presidente de gas de Canacol, dijo que hay otro riesgo asociado y está relacionado con perder la independencia. De hecho considera que en un caso en el que el gas sea así de caro significa un incentivo para otros energéticos como el carbón y la leña, que son mucho más contaminantes.

Vale la pena recordar que el gas es usado para generar energía por medio de las plantas térmicas. En la medida que este suba de precio, también lo haría la electricidad. Los expertos consideran que para hacerse la transición energética propuesta por el Gobierno se debe tener en cuenta que el gas debe ser competitivo para evitar que los sustitutos no sean más rentables, ya que el respaldo por parte de las térmicas se requiere en la confiabilidad.

En cuanto al escenario de la estabilidad, Francisco José Lloreda, dijo que el sector de petróleo y gas le generaría ingresos a la Nación por 105 billones en los próximos cuatro años y 227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, a la reactivación económica, a la diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país.

Junto a ello, tendría aportes de 38 billones de pesos por regalías en el próximo gobierno y 80 billones hasta 2032. De acuerdo con Lloreda, si no hay más contratos, entonces lo natural es que reduzcan su presencia en el país y las casas matrices se lleven la inversión para otros lugares. Por el contrario, en una realidad de sostenimiento de la política energética se incentivarían 84 billones de pesos en inversiones del sector durante el próximo gobierno y 172 billones hasta el año 2032.

Fuente: El Meridiano