Según el líder del gobierno en el Congreso, Eduardo Gomes (PL-TO), Bolsonaro debe emitir una medida provisional para regular el marco.

“Hubo un claro desacuerdo sobre este veto y algunas incertidumbres tanto para el derrocamiento como para el mantenimiento. Y, de manera mayoritaria, el derrocamiento fue defendido por líderes partidarios comprometidos con apoyar una Medida Provisional que sin duda regulará este servicio en las dimensiones adecuadas”, dijo a Poder360.

La generación distribuida consiste en generar electricidad cerca o en el punto de consumo. Si bien puede abarcar otras fuentes de energía, es principalmente solar. El marco fue promulgado en enero.

Las casas residenciales o las empresas pueden generar su propia energía para el consumo y arrojar el excedente al sistema de distribución, sin pagar por usar la red. Así como las distribuidoras cobran a todos los consumidores por el uso y mantenimiento de la red de cables y postes, se subsidia a quienes producen su propia energía y se benefician del sistema de Generación Distribuida.

La mayoría de los brasileños, especialmente los más pobres, no pueden permitirse comprar equipos para captar energía solar. Estos consumidores de bajos ingresos, sin embargo, pagan por el mantenimiento del sistema y subsidian obligatoriamente a quienes tienen estos sistemas de autogeneración.

Bolsonaro había vetado la sección que aumentaba el límite de potencia de los proyectos de Generación Distribuida con energía solar instalados en embalses, presas y lagos. El gobierno proyectó un costo adicional de R$ 7 mil millones, repercutido en los consumidores.

Introducida por una enmienda del senador José Aníbal (PSDB-SP), la sección de paneles flotantes había sido criticada por las distribuidoras eléctricas. En la práctica, permitiría superar el límite de potencia a incluir en la generación distribuida.

Así, sería posible fragmentar una instalación mayor en unidades más pequeñas y clasificarlas como generación distribuida, con los beneficios que marca la ley.

El presidente también había vetado el permiso para que las empresas emitieran debentures incentivados para proyectos de generación distribuida, que entrarían en el Reidi (Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de Infraestructura), un régimen fiscal para fomentar la expansión de la infraestructura nacional.

Fuente: Poder 360