Mendonça suspendió el Acuerdo del Confaz (Consejo Nacional de Política Financiera) nº 16/2022, que permitía a cada Estado cobrar un ICMS diferente al diésel. Hasta tanto no se edite una nueva norma por parte del ayuntamiento, la base para el cálculo del impuesto a los combustibles se fijará por el promedio de precios practicados en los últimos 60 meses.

El ministro también fijó lineamientos para que las tarifas del ICMS sobre combustibles sean:

selectiva, en la mayor medida posible, en función de la esencialidad del producto y fines extrafiscales, según el producto;

“ad rem” o específico, por unidad de medida adoptada (valor en reales por litro).

Al establecer las tarifas, los Estados deben:

considerar un intervalo mínimo de 12 meses entre la 1° fijación y el 1° reajuste, y de 6 meses para reajustes posteriores –

observar el principio de anterioridad no agesimal (espera de 90 días) cuando implique aumento de impuestos;

dejar de aumentar el peso proporcional del ICMS en la formación del precio final al consumidor, en vista de las estimaciones de evolución del precio de los combustibles;

observar el principio de transparencia fiscal, a fin de proporcionar, a través de medidas normativas y administrativas, el esclarecimiento de los consumidores sobre los impuestos que gravan los bienes y servicios.

La decisión del ministro se tomó en la acción en la que la AGU (Abogacía General de la Unión) cuestiona las distintas tarifas del ICMS al diésel. Un intento de conciliación entre el gobierno federal y los estados, convocado por el ministro, terminó sin acuerdo.

"Dada la frustración en este STF de iniciativa conciliatoria, dado que no hubo presentación de una propuesta conjunta de acuerdo, ahora corresponde examinar las solicitudes cautelares colocadas en la enmienda al exordial", dijo Mendonça, refiriéndose a las solicitudes del gobierno federal en la acción.

En la misma decisión, Mendonça dio a Petrobras 5 días para explicar los criterios utilizados para reajustar los precios de los combustibles.

También recopiló información sobre la política de precios de la empresa. Este viernes (17 de junio), la empresa estatal anunció un nuevo aumento de gasolinas y diésel.

“Respecto a Petrobras, requiero que en esta oportunidad se proporcione información detallada, en el plazo de 5 días, sobre los criterios adoptados para la política de precios establecida en los últimos 60 meses”, dijo el ministro.

También con respecto a la empresa estatal, Mendonça fijó al Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica) y a la ANP (Agencia Nacional del Petróleo) un plazo de 5 días para que informen, respectivamente, sobre procedimientos abiertos en relación con Petrobras y sobre la fiscalización, seguimiento y transparencia de la política de precios de los combustibles en el país.

COMPRENDER

El ministro André Mendonça es relator de una acción en el Supremo en la que el gobierno federal pide la suspensión de la definición por los estados del ICMS sobre el diesel. La intención es mantener unificado el impuesto, tal como lo aprobó el Congreso.

El 24 de mayo, Mendonça había autorizado la manifestación de los Estados y el Distrito Federal en la acción en la Corte que trata el tema. Dio 48 horas para que los responsables de las economías estatales brinden información, como las tarifas y precios promedio de los últimos 60 meses cobrados a los combustibles y el valor de la recaudación del ICMS de cada Unidad de la Federación con los productos. Los gobiernos estatales enviaron oficios con la información dada.

El 13 de mayo, el ministro había suspendido, en forma de medida cautelar (provisional), partes del Acuerdo n.º 16/2022 del Confaz (Consejo Nacional de Política Financiera), que permitían a cada Estado cobrar un monto diferente de ICMS sobre el combustible. La acción fue iniciada por el gobierno federal, a través de la AGU (Advocacia Geral da União). En la decisión, dijo que la “violación de disposiciones constitucionales” y la “manifiesta afrenta al principio de uniformidad” se evidenciaron en la disposición que permite el cobro específico por parte del Estado.

La Comsefaz (Comité Nacional de Secretarios de Hacienda de los Estados y del Distrito Federal) ya había decidido impugnar la medida cautelar de Mendonça. El 20 de mayo, la AGU amplió su solicitud inicial, y solicitó a la Corte que se pronuncie sobre la supuesta “omisión” de los Estados en relación al ICMS sobre diésel. La dependencia afirmó que las entidades de la Federación adoptaron una “postura recalcitrante” en una reunión de Confaz el 19 de mayo, en la que no acordaron llegar a una solución para el impuesto. En la ocasión, el organismo también solicitó la suspensión de la vigencia de la totalidad del Acuerdo de Confaz nº 16/2022.

ICMS EN DIÉSEL

En marzo, los secretarios de Hacienda estatales definieron por unanimidad que el ICMS sobre el diésel S-10 sería de R$ 1,0060 por litro a partir del 1 de julio. El valor se refiere a la tasa más alta vigente en el país, practicada en Acre. La aplicación del impuesto, sin embargo, vendría con un “descuento”, lo que, en la práctica, mantendría la carga tributaria actual de cada Estado. La medida se tomó con la justificación de que, así, no habría impacto en la recaudación.

Como resultado, cada Estado continuó con un monto diferente, no habiendo logrado el objetivo de la Ley Complementaria 192/2022, aprobada el 10 de marzo, que unificó la tarifa y también estableció una nueva forma de recaudación, la denominada “ad rem”. , es decir, fijos y por unidad de medida. El gobierno presentó la acción directa de inconstitucionalidad el 13 de mayo. En él, cuestiona la posibilidad de que cada Estado cobre un ICMS diferente al diésel.

El 19 de mayo, Confaz, vinculada al Ministerio de Economía, convocó a una reunión de emergencia con los Estados para tratar de llegar a una solución. El Consejo propuso la adopción del modelo de transición de aplicación de una media móvil, en la base de cálculo del impuesto, a partir del precio medio de los carburantes de los últimos 60 meses. Esto reduciría los precios finales en la bomba. Los estados no aceptaron la propuesta, que reduciría los ingresos. Los precios de los combustibles han sido uno de los principales impulsores de la inflación en el país.

Fuente: Poder 360