Tras haber salido a flote la coyuntura hidrocarburífera por la disputa entre Tarija y Chuquisaca por el campo Margarita-Huacaya, autoridades de ambos departamentos le recuerdan al Gobierno Nacional, que la certificación de reservas de gas y la nueva ley de hidrocarburos aún son temas pendientes que también debe resolver el nivel central.
La certificación de reservas

En septiembre de la gestión 2021 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lanzaba la convocatoria para una licitación internacional con la que preveía contratar a una empresa que cuantifique y certifique las reservas de gas natural e hidrocarburos en Bolivia.

Sin embargo, en octubre del mismo año se declaró desierta la convocatoria, debido a que, aparentemente, la pandemia no permitió cumplir con algunos requisitos y anunciaron que trabajarán en una nueva licitación internacional, según informó el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen. A la fecha se desconoce cuándo se reanudará el proceso, empero, es evidente que la prioridad está en el factor de distribución del campo Margarita.

La última vez que se realizó el proceso de verificación de las reservas de gas fue en 2018, a cargo de la empresa canadiense Sproule International Limited, en cuyo documento indica que las reservas probadas de gas natural llegan a 10,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), las probables más probadas a 12,5 TCF y las probadas más probadas más posibles a 14,7 TCF. La empresa generó cierta “desconfianza” puesto que no habría sido transparente y solicitaban más información para analizar en detalle el documento.

Fuente: Energía Bolivia

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