El Ejecutivo, a instancias del Estudio de Mercado del Gas (EM06-2020) de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ha enviado un proyecto de ley al Congreso en que se hace cargo de casi la totalidad de las sugerencias planteadas por el referido informe. Este señala que en el mercado del gas -integrado por el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural (GN)- en principio no hay colusión. Sin embargo, el informe estima que el segmento mayorista del GLP enfrenta un nivel de intensidad competitivo relativamente bajo y señala que existen riesgos que hayan existido o puedan emerger acuerdos colusivos.

A este respecto, se ha generado una discusión no menor entre los distribuidores mayoristas y la Fiscalía. Este organismo sostiene que los márgenes de utilidad del sector subieron de 35% hasta el 2014, a una variación entre 50 y 55% entre el 2014 y 2020. En cambio, el sector del gas niega estos márgenes. El gerente de Gasco señala que los márgenes de esa empresa varían entre un 5 y un 7%.

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El proyecto de ley y el informe entienden que la falta de competencia se genera por el control de los mayoristas sobre los distribuidores minoristas (que se realiza a través de onerosas cláusulas contractuales de exclusividad). Así, la iniciativa legal fundamentalmente prohíbe a los distribuidores mayoristas participar en el mercado minorista de GLP. Por tanto, lo que busca el proyecto es que los distribuidores minoristas puedan ofrecer distintas marcas, lo que haría que los mayoristas compitan en precio. Entonces, la señora Juanita cuando se le ofrezca el gas Gasco, Lipigas y Abastible elegirá el más barato, lo que hará que los otros distribuidores pierdan cuota de mercado y si quieren competir bajen los precios.

Sin embargo, si hay algún tipo de colusión es dudoso que esta fórmula funcione, ya que las variaciones de precio serán mínimas, lo que llevará a la “señora Juanita” a elegir qué gas comprar por otras consideraciones. Además, al ser el acceso al gas homologable, la competencia por valor debería producirse igualmente en la actualidad. Así, hoy la “señora Juanita” averigua cuál es el menor precio y elige la marca más conveniente. Por otra parte, los distribuidores mayoristas controlan la seguridad y calidad del servicio del minorista, y el proyecto de ley, de aprobarse, generaría una baja en la calidad del servicio, que perjudicará al consumidor.

En resumidas cuentas, la actual solución genera dudas, sobre todo porque tampoco está clara la obtención de rentas pseudo monopólicas, los verdaderos efectos de la regulación, ni tampoco los efectos que la falta de control podría generar sobre los distribuidores minoristas.

Fuente: La Tercera