Desde enero de 2002 rige el régimen de libertad de precios en el mercado de combustibles, proceso que se inició con la Ley del Petróleo (Ley N° 9.478/1997). En otras palabras, los reajustes en los precios de los combustibles son responsabilidad exclusiva de cada agente económico –desde la refinería hasta la estación revendedora–, quienes establecen sus precios de venta y márgenes de comercialización en un escenario de libre competencia.

Petrobras debería ser un jugador más en el mercado de combustibles. Sin embargo, al ser un monopolio en refinación, su política de precios cobra gran repercusión y genera debates que siempre están muy presentes en tiempos electorales.

El hecho es que la mayoría de las veces Petrobras terminó siendo utilizada por muchos gobiernos con el deseo político de tener combustibles más baratos. A partir del gobierno de Temer, y mantenida en el gobierno de Bolsonaro, la política de precios pasa a ser la de la paridad internacional. El objetivo es ayudar a recuperar la situación económica y financiera de la empresa, y lo más importante: posibilitar la venta de activos, como las refinerías. Nunca está de más recordar que Petrobras no es una empresa estatal, sino una empresa de capital mixto. Por lo tanto, debe respetar los intereses de sus accionistas privados.

El problema es que vino la pandemia y con ella la desorganización total de las cadenas productivas. En el caso del petróleo, después de la 1ra ola de covid-19, con los confinamientos, el precio del barril bajó a US$ 20. A partir de 2021, con las vacunas, se reinició la economía y con eso volvió a US$ 70, con picos por encima de los $ 80. Y ahora, en 2022, todo apunta a que el rally de los precios del petróleo continuará. La previsión es que el barril de petróleo promedio en 2022 ronde los US$ 90.

En un informe, Goldman Sachs dice que solo la “destrucción” de la demanda a través de los precios puede ayudar a equilibrar el mercado del petróleo. A explicação está tanto do lado de fatores econômicos, como crescimento da demanda e do recuo dos estoques dos países da OCDE para o menor nível desde 2000, quanto de fatores geopolíticos, como a provável invasão da Ucrânia pelos russos e o programa nuclear do Irã, entre otros.

Ante este escenario, el gobierno brasileño sólo estaba dispuesto a dar autonomía a Petrobras, pero no se molestó en crear mecanismos que protegieran a los consumidores de la gran volatilidad de los precios del petróleo y de los tipos de cambio. El hecho es que tanto en el suministro de combustibles como de gas, Petrobras sigue teniendo una posición dominante. Con eso vienen las acusaciones de que Petrobras sería un monopolio desregulado que sólo beneficia a sus accionistas en detrimento de la sociedad. Esta discusión tiende a crecer este año y probablemente escucharemos muchas barbaridades populistas.

El punto es que, desde el inicio de la pandemia, hemos perdido la oportunidad de desarrollar políticas públicas donde se mantuvieran las reglas del mercado, evitando intervenciones en la política de Petrobras, pero permitiendo que las volatilidades de los precios no se transmitan tan rápidamente al consumidor final.

La solución debió haberla presentado el gobierno, la ANP y el CADE, pero el Ministerio de Economía siempre ha sido una barrera, alegando la práctica del intervencionismo y los subsidios. Parece que ahora el gobierno ha decidido moverse y debería presentar un PEC a principios de febrero proponiendo cero impuestos federales sobre combustibles y electricidad. También se habla de la posibilidad de crear un fondo de estabilización con recursos de los dividendos y regalías de Petrobras.

Sin embargo, parece que el Ministerio de Economía está en contra de la creación del fondo. Reducir a cero los impuestos federales sobre el combustible es muy poco, no más del 10%, dado el repunte de los precios del petróleo que deberíamos tener en 2022.

Está el ICMS PL que fue aprobado en la Cámara y ahora está en el Senado. No será fácil aprobar en el Senado, porque los gobernadores no aceptarán una reducción de ingresos en un año electoral. De todos modos, el gobierno está reaccionando tarde y me parece de forma tímida.

El peligro es que en cualquier momento, con la presión de la sociedad y el populismo político, el péndulo revierta en esas prácticas de utilizar a Petrobras como instrumento de política económica y partidaria. O incluso, que se creen medidas como el impuesto a la exportación que, además de ser un retroceso, solo ahuyentará las inversiones del sector de petróleo y gas en Brasil.

Adriano Pires, de 64 años, es socio fundador y director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE). Doctor en Economía Industrial por la Universidad París XIII (1987), Máster en Planificación Energética por la COPPE/UFRJ (1983) y economista graduado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (1980). Lleva más de 30 años trabajando en el sector energético.

Fuente: Poder 360