La semana pasada, YPFB Transporte S.A. informó que la compensación obedece a los impactos generados por la construcción de mencionado gasoducto que inició en 2008. Según el reporte de la subsidiaria, las comunidades afectadas no pudieron habilitar una cuenta bancaria institucional, de modo que el pago de la compensación quedó pendiente.

Al respecto, el analista en hidrocarburos José Padilla señaló que el pago de las compensaciones debe ser definido en la ficha ambiental del proyecto, la cual es aprobada antes de la ejecución del mismo.

Por ello, el analista dice que se trata de una “dádiva” para las federaciones de cocaleros, puesto que hay asuntos políticos de por medio.

Padilla aseguró que el pago de compensaciones debe realizarse antes o durante la construcción de la obra y llegar directamente a las comunidades afectadas, no a través de las federaciones de cocaleros. Por ello, dijo que es posible que surjan reclamos de compensaciones por parte de otras poblaciones afectadas por similares proyectos.

Fuente: Los Tiempos

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