El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, resaltó el fallo de la Sala Constitucional Primera de Tarija que denegó una acción de Amparo Constitucional presentada por supuestos propietarios contra los miembros de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional.

En junio de 2021 esa instancia judicial dejó sin efecto una sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia a pagar $us 61 millones por concepto de uso de propiedad agraria en el campo San Alberto.

"Para el Gobierno es muy importante destacar el alto sentido de responsabilidad que ha tenido la Sala Constitucional Primera al actuar conforme a derecho. Esta decisión de la justicia boliviana es trascendente porque evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos", señaló Molina.

Fuente:El Deber

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