Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Azuay, que tiene como socias a las empresas cerámicas (que utilizan gas natural), señala que están conscientes de la decisión del Ministerio de facilitar las importaciones de este combustible.

Para Robalino, la importación podría, por un lado, aliviar la demanda de este combustible; sin embargo, de otro lado existe la preocupación por el precio con el que llegaría al país. Es que, según el ejecutivo, actualmente Petroecuador está abasteciendo apenas con el 40 % de lo que se requiere, debido a los problemas que existen en la planta de Bajo Alto.

Paralelamente, explica que su sector de momento está experimentando una crisis relacionada con los precios. Hace un mes y medio, el Ministerio de Energía les comunicó que se incrementaba el precio de $ 6,20 el millón de BTU de gas a $ 7. Para la industria este ya ha sido un golpe fuerte, dice. Sin embargo, el importado podría llegar a un precio incluso más alto, de $ 9 el millón de BTU.

Entre tanto, Nelson Jaramillo Pita, representante de Sycar, que ya cuenta con el permiso de importación, explicó que “en diciembre podría llegar el primer volumen de gas natural importado al Ecuador”. De momento se encuentran en el proceso de registro de los isotanques en los que se transporta el producto. Dos de estos están en Guayaquil y ya han sido aprobados; y otros cinco, que están en Panamá, están en el proceso. Jaramillo explicó que, una vez que el proceso concluya, los siete isotanques se cargarán en Panamá para traer el gas al país.

Explicó que AES, empresa estadounidense con operación en Panamá, será la proveedora en esta primera importación. Adicionalmente, una segunda importación ya se está negociando con una empresa importante de EE. UU., cuyo nombre aún no fue revelado por confidencialidad. En todo caso, aseguró que no se trata de Gunvor y que esta ya ha sido descartada como opción de negocio hace varios meses.

La otra empresa aprobada, Gasvesubio, no comentó aún sus planes de negocio. Gasvesubio es una empresa del grupo Eljuri que posee una planta de licuefacción justamente al frente de la de Petroecuador, en Bajo Alto. La construcción de dicha planta está envuelta en la polémica, pues no habría seguido el proceso legal para contar con permisos para levantar esa infraestructura. Esta cuenta con un acuerdo ministerial y no con un decreto ejecutivo, como dicta la ley.

Sobre la autorización para Gasvesubio, Robalino dijo que le llama la atención que ahora se estén abriendo al tema de la importación, luego de que ellos habían hecho inversiones para la operación local. En todo caso, aseguró que aún no les han socializado sus planes de negocio.

En el tablero del gas, también quiere ingresar la empresa Green Power. Esta, en cambio, busca que se genere mayor producción del Campo Amistad para poder industrializar este gas. Este modelo generaría un combustible más barato que el importado. También ha planteado poder usar el gas del mechero de Bajo Alto, que es metano 99 % puro, o incluso procesar el gas asociado que se quema en la Amazonía, pero aún aguarda por los permisos correspondientes.

Recientemente, el gerente de Green Power, Jorge Luis Hidalgo, le envió una carta al presidente Guillermo Lasso ratificando su intención de realizar una inversión privada de $ 25 millones para la construcción de una planta de licuefacción en Bajo Alto. Le explicó que su pedido se encuentra ahora en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Además le pidió que se analice de forma rigurosa el cumplimiento de ley y reglamentos vigentes, que se les conceda respuesta oficial y, dado el caso, se acepte lo actuado por Green Power en lo que respecta a la solicitud de autorización, vía decreto ejecutivo, para la construcción y operación de una planta de licuefacción de gas natural en El Oro; también pide una audiencia con el presidente Lasso.

El ejecutivo empresarial explicó en su carta que el gas natural del golfo de Guayaquil requiere de una reingeniería de consumo para aprovechar las ineficiencias de la Termogás y del mechero que está quemando gas ya tratado. También comentó que, con este proyecto, el Gobierno ya podría cumplir con el compromiso adquirido en Glasgow de Compromiso Global de reducción de metano de 30 %, además del ingreso de recursos económicos frescos, así como mejoras en nuestra balanza comercial.

En este sentido, Robalino dijo que una medida que debería tomar el Gobierno es apoyar también la industrialización local del gas, y reiteró que conocen del interés de empresas que quieren hacer inversiones para la operación local. El Estado debe garantizar una competencia equilibrada para que puedan competir en precios y así beneficiar a los consumidores, opinó.

Fuente: El Universo