Fuente: El Colombiano

   

La venta le implicaría a la Nación dejar de recibir estos recursos y en cambio de eso tener un pago de al menos 6,5 billones de pesos por su participación, según estimó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en la publicación titulada El plan B fiscal de la administración Duque ¿las privatizaciones?.

 

Otras cuentas, dicen que si EPM está pidiendo por 10,17 % 1,7 billones de pesos, el valor total sería de 16,7 billones de pesos. Así el 51,4 % estaría avaluado en 8,5 billones de pesos.

 

Como la venta sería por un porcentaje “controlante”, su valor incluiría una prima adicional, afirmó Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana. La condición para que sea un paso exitoso es que los recursos “no deberían dilapidarse en gasto operativo, sino aplicarse al financiamiento de infraestructura”, dijo Anif.

 

En el mismo camino, Restrepo considera que debe prevalecer “una inversión en un sector de bajo riesgo y buena rentabilidad”. Un buen ejemplo, es lo que ocurrió con los 6,5 billones de Isagén.

 

A tener en cuenta

 

Así, la evaluación debe pasar por el monopolio natural que representa esta compañía en el transporte y sopesar este pensamiento con la posibilidad de tener, con el liderazgo del sector privado, un mayor ritmo de inversiones.

 

ISA además de controlar “prácticamente” la red del Sistema de Transmisión Nacional (SIN), también lo hace con XM, empresa que administra el Sistema Interconectado Nacional (SIN) “opera el mercado de energía mayorista”, recalcó Amilkar Acosta, exministro de minas, por lo que “Es evidente que esta empresa tiene un valor estratégico para el Estado colombiano y sería muy riesgoso que su manejo quedara en manos privadas”.

 

Lo mismo considera Javier Gaviria, de la Asociación de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Antioquia: “Se trata de una de las actividades estratégicas más importantes de los servicios públicos para garantizar que la energía eléctrica efectivamente llega hasta los rincones más apartados”. Así las decisiones no tienen como base la rentabilidad, sino necesidad.

 

Para Restrepo, este tipo de argumentos no son válidos: “El monopolio natural no existe en todas las líneas de transmisión, hay competencia y es un mercado regulado, (...) no hay lugar a que se explote un poder de mercado en contra de los consumidores”.

 

Y recalcó que “las inversiones que se hacen en la transmisión de energía se dan por encargo del Gobierno Nacional, usualmente por subasta estas líneas, y se financia con recursos estatales”.

 

El Gobierno ha negado una decisión tajante sobre ISA, y en cambio ha confirmado la evaluación de sus participaciones empresariales. La compañía dijo que no ha sido notificada del estudio de venta.

 

Anif prevé que a 2022 estas transacciones podrían dejar 30,1 billones, incluidas la de Ecopetrol por 12,3 billones, al vender 8,5 % y 9,5 billones, por un posible cierre de negocio por el 50. % de Cenit.